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MADRID (EP). El portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, José Martínez Olmos, ha urgido al Gobierno a regular las redes sociales "ante la catarata de comentarios indignos que muchas personas desalmadas vertieron en las redes sociales", tras el asesinato este lunes de la presidenta de la Diputación de León y miembro del PP, Isabel Carrasco.

"No es, desde luego la primera vez que este tipo de cosas suceden. Yo soy un usuario activo de las redes sociales y considero, (como la inmensa mayoría de personas que usamos las redes sociales), que son un potente instrumento de comunicación social que ha venido para quedarse", ha lamentado el diputado andaluz en un comentario de su blog personal, recogido por Europa Press.

Como es usuario activo de las redes sociales, dice conocer "los cada vez más llamativos abusos" que determinadas personas y grupos organizados hacen de las redes para insultar, presionar y denigrar a quienes no piensan igual o no opinan igual.

Así, alerta de que, aunque es evidente que la inmensa mayoría de usuarios de redes sociales tienen un comportamiento ejemplar, día tras día puede verse cómo en las redes sociales se vierten insultos, amenazas, presiones y comentarios "carentes del más mínimo respeto" por los derechos de las personas a quienes se les dirigen.

"Es una actitud de siempre (la intransigencia, el fascismo, la xenofobia, el autoritarismo), en un vehículo nuevo como es el que ofrece el universo 2.0 y las redes sociales", agrega, condenando que se vertieran comentarios "injuriosos y ausentes" del mínimo respeto sobre su figura como persona dedicada a la política, sobre los supuestos motivos del asesinato y sobre su vida personal.

A su juicio, lo peor de todo es que esos comentarios, procedieran de profesionales del periodismo o de anónimos personajes, no deben quedar en la impunidad. "Todos los días asistimos a actuaciones en las redes sociales que proceden de personas y grupos indignos. Se hagan desde el anonimato cobarde o dando la cara", sentencia.

Por todo ello pide una regulación que incluya desde un observatorio, un código de conducta, hasta los motivos para actuar y la manera de hacerlo desde los poderes públicos para castigar aquellas conductas que ya lo están cuando de otros medios se trata.