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VALENCIA. La relación entre los seísmos del Golfo de Valencia y la actividad parece más que evidente atendiendo a los datos que recoge el informe realizado por el Instituto Geográfico Nacional a petición del Ministerio de Industria y que llevaba en el cajón desde el mes de diciembre, sin que el Gobierno lo sacara a la luz. 

El estudio analiza la sismicidad previa al 4 de septiembre y la sismicidad histórica. Desde 1920 hasta el 1 de septiembre de 2013 se registraron en la zona un total de 203 sismos con una magnitud máxima de 3,3. Sin embargo, desde que comenzó la inyección de gas en Castor hasta días después de la Orden Ministerial en la que se paralizaba esta actividad, se detectaron hasta 512 seísmos entre el 5 de septiembre y el 15 de octubre, prácticamente el doble que en los últimos 93 años. 

Otra de las conclusiones del informe reside en el resultado del Tensor de Momento Sísmico de los sismos de mayor magnitud. Éste pone el punto de mira en una nueva falla no cartografiada. Además, destaca que el estudio para identificar estas fallas son una labora muy especializada de geólogos. También recuerda que en España es habitual que las fallas responsabies de terremotos no rompan en superficie y se necesitan estudios específicos para identificarlas que en su momento no se hicieron. 

Teniendo en cuenta la peligrosidad sísmica de la zona, todo indica, según el informe, que el origen de la serie sísmica registrada tiene "una relación directa con la inyección de gas en el proyecto Castor". Esta inyección de gas, añade, habría "acelerado el proceso sismotectónico con acumulación de esfuerzos". El Instituto apunta que los episodios más críticos del periodo estudiado se produjeron entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre y que, a partir de entonces la actividad disminuyó considerablemente.

El organismo recuerda en su informe su "experiencia" en el tratamiento de la sismicidad inducida por operaciones tecnológicas sobre el terreno a partir del registro de la sismicidad producida en el año 1961, durante el primer vaciado del embalse de Camarillas (Albacete), en el que se registraron sismos con una magnitud máxima de 3,5.

Asimismo, se refiere al análisis de la sismicidad producida en el "colapso de la mina de Reocín" (Santander) el 9 de enero de 1965 y que alcanzó una magnitud de 4,1 y produjo varios heridos. Años después, el IGN estudió la actividad sísmica del embalse de Ricobayo (Zamora) en 2003 y más recientemente el primer llenado y vaciado del embalse de Itoiz (Navarra) y la ampliación del embalse de Yesa (Navarra) en 2009.

A finales de agosto de 2013, la inyección de gas en el almacén de gas de Castor, a unos 20 kilómetros de la costa frente a Vinaroz, coincidió con una serie de seísmos, uno de ellos de 3,5 magnitud Ritchter que motivó que a mediados de septiembre, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo paralizara las actividades para comprobar si existía relación.

El Instituto Geográfico Nacional, comenzó a detectar actividad sísmica el 5 de septiembre de 2013 y se inició un seguimiento especial debido al incremento diario de la actividad. Inicialmente, la localización de los epicentros se situó en torno a la plataforma instalada para ejecutar el citado proyecto. El ministro José Manuel Soria aseguró en reiteradas ocasiones que la actividad no se reanudaría si no se podía garantizar totalmente la seguridad en la zona, algo que dependería de los informes técnicos detallados encargados el 26 de septiembre.

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