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PALMA DE MALLORCA/VALENCIA (EP/VP). La Fiscalía Anticorrupción se ha adherido a la petición formulada por el PSPV en el Ayuntamiento de Valencia para que sea imputado su vicealcalde, Alfonso Grau, en el marco del 'caso Nóos'. Los ediles socialistas solicitaron su encausamiento al apuntar a su decisiva intervención en la preparación de las tres ediciones del Valencia Summit, por cuya organización el Instituto Nóos percibió 3,6 millones de euros públicos, a pesar de que para ello únicamente empleó 910.600 euros.

Así lo han informado fuentes jurídicas, que han precisado que este viernes el fiscal Pedro Horrach ha presentado un escrito ante el juzgado de Instrucción número 3 de Palma en el que muestra su apoyo a los argumentos esgrimidos por los concejales, personados como acusación popular en el 'caso Nóos', para reclamar la imputación del también presidente de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), una de las entidades que plasmó su firma en los convenios para la celebración de los Valencia Summit.

La petición cursada por la acusación se produjo después de que la concejal de Cultura en el Consistorio de Valencia, Mayrén Beneyto, asegurase en su declaración como testigo ante el juez José Castro, llevada a cabo el pasado 12 de abril, que el vicealcalde valenciano, también concejal de Grandes Proyectos, era el que llevaba los asuntos de turismo y el que tomaba las decisiones.

En concreto, las tres ediciones del Valencia Summit tuvieron lugar en virtud de un convenio de colaboración y dos addendas posteriores suscritos entre la FTVCB, la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) y Nóos. Según un informe de la Agencia Tributaria, sólo en 2004 Nóos destinó a la preparación del primer Valencia Summit 194.436 euros, a pesar de que para ello había percibido un total de 1,044 millones públicos.

Un año después, de los 1,5 millones que recibió, tan sólo gastó en facturas de la segunda edición 395.597 euros, mientras que en lo que a la tercera edición se refiere, el Instituto recibió 1,049 millones, de los que empleó 320.635 euros para el evento. Así, hasta un total de 3,6 millones de euros recibió Nóos de la Administración pública valenciana por las tres ediciones del evento deportivo.

Se da la circunstancia de que la petición de los concejales del PSPV de que Grau, mano derecha de Rita Barberá, sea imputado es una de las últimas diligencias que se prevén practicar de cara al cierre de la instrucción de la causa, cuyas investigaciones se iniciaron a principios de 2010 en el marco del conocido como caso Palma Arena.

ÚLTIMAS DILIGENCIAS DEL CASO NÓOS

Castro dio tres días a la Fiscalía, las Abogacías del Estado, Baleares y la Generalitat Valenciana, PP balear, Manos Limpias y Frente Cívico Somos Mayoría para que se pronuncien sobre la petición de los ediles. En caso de que Grau fuese finalmente citado, su declaración tendría lugar en la capital balear y previsiblemente la próxima semana, según señalaron fuentes jurídicas a Europa Press.

Mientras tanto, el magistrado otorgó diez días -plazo aún no ha finalizado- a la Agencia Tributaria (AEAT) para que determine de forma definitiva si el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, defraudó a Hacienda en 2007 y 2008, después de que éste haya rechazado en un reciente escrito haber incurrido en la comisión de los delitos fiscales que se le imputan. El encausado rebatía las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria, que le acusan de haber defraudado más de 240.000 euros del IRPF.

De este modo, será cumplido este plazos, siempre que no aparezca ningún elemento nuevo que altere el curso de las pesquisas, cuando el juez dicte el conocido como auto de transformación a procedimiento abreviado, en el que determinará contra quiénes de la treintena de imputados de la causa, entre los que se encuentra la Infanta Cristina, hay base suficiente para que puedan ser acusados y finalmente se sienten en el banquillo.

Con esta resolución, contra la que cabrá tanto recurso de reforma -ante el propio Juzgado- o de apelación -directamente ante la Audiencia-, Castro dará paso a las acusaciones del caso para que presenten su escrito de calificación provisional en el que concretarán a quiénes acusan y qué penas solicitan para ellos, además de pedir la apertura de juicio oral, que Castro deberá acordar a través de un auto que ya no será recurrible.

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