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CASTELLÓN (EFE). La Fiscalía de Castellón ha ordenado la apertura de diligencias de investigación penal para esclarecer si existió delito en el proyecto de expropiación de terrenos de la depuradora de Borriol. Según han confirmado a EFE fuentes de Compromís y de la Diputación de Castellón, ayer declararon en calidad de testigos el presidente de la Diputación, Javier Moliner, el portavoz de Compromís, Enric Nomdedéu y el exalcalde de Borriol Adelino Santamaría.

Además, ayer también pasaron por la Fiscalía dos técnicos de la Diputación. Según fuentes cercanas a la investigación, con anterioridad había prestado declaración el exvicepresidente de la Diputación y diputado provincial Francisco Martínez. El caso se hizo público el pasado mes de enero, cuando Moliner destituyó a Martínez como vicepresidente de la institución por "pérdida de confianza" al conocer que los terrenos sobre los que estaba proyectada la depuradora de Borriol eran de su hijo.

La decisión de Moliner llegó después de que la agrupación local de Compromís en Borriol hiciera público su temor a que la expropiación de los terrenos de la citada depuradora supusiera un "trato de favor" o de "información privilegiada". Bloc-Compromís de Borriol ya había denunciado que el precio que se iba a pagar por los terrenos era "seis veces más que en otras expropiaciones".

Además, la empresa propietaria de los terrenos, Franvaltur, tiene como administrador único al hijo del vicepresidente destituido, Francisco Martínez, y la expropiación de los terrenos le reportaban un beneficio de 48.000 euros. En febrero, Adelino Santamaría dejó su cargo como diputado y como alcalde, aunque aseguró que los motivos eran personales dada su intención de jubilarse. Enric Nomdedéu ha explicado a EFE que ayer prestó declaración ante el fiscal durante cerca de una hora.

En el transcurso de la misma, ha dicho, expuso el contenido de la documentación aportada de registros que certifican que se conocía que la finca que se iba a expropiar era propiedad de una empresa del hijo de Martínez. También sobre la documentación cruzada entre Diputación y Ayuntamiento de Borriol que demuestra "que existió voluntad" de añadir los terrenos de Franvaltur a la expropiación. Para Nomdedéu hay "evidencias judiciales" suficientes para considerar la existencia de un ilícito penal.

Sin embargo ha dicho que la "connivencia" de Santamaría que su formación también denuncia puede ser "más difícil" de demostrar ante la Fiscalía.