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VALENCIA (VP). El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha trasladado al Tribunal Supremo (TS) el auto de Fitur del 'caso Gürtel' recurrido por la Fiscalía Anticorrupción y ha dado un plazo de 15 días a las partes de la causa para que se personen ante el Alto Tribunal.

Así consta en una providencia, contra la que cabe recurso, dictada por el tribunal valenciano que instruye el 'caso Gürtel' en la Comunitat, en el marco de la pieza número tres --en total hay seis--, relativa a presuntas irregularidades en las contrataciones de la Generalitat por la Feria Fitur.

El TSJCV se declaró recientemente no competente para el enjuiciamiento del conocido como 'Juicio Fitur', al considerar que la renuncia a sus escaños en las Corts Valencianes de Angélica Such y Milagrosa Martínez --exconselleras de Turisme e imputadas en la causa-- conllevaba necesariamente su falta de competencia por carecer todos los acusados de la condición de aforados. Así, indicó que la competente para enjuiciar los hechos era la Audiencia de Valencia.

La Fiscalía Anticorrupción presentó un anuncio de la interposición de un recurso de casación ante el TS contra esta decisión, que ahora el tribunal valenciano lo tiene por presentado "en tiempo y forma".

Como consecuencia, el TSJCV emplaza a las partes de la pieza a que comparezcan ante la Sala Segunda del TS dentro del término improrrogable de 15 días, y acuerda remitir al Alto Tribunal testimonio del auto recurrido, los tomos que conforman el juicio oral, así como las actuaciones de diligencias previas y el procedimiento abreviado en soporte digital.

En la pieza 3 del 'caso Gürtel' están procesadas 13 personas: Milagrosa Martínez; la también exconsellera de Turisme Angélica Such; Rafael Betoret, exjefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo; Isaac Vidal, exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT); Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la agencia y Ana Grau coordinadora de ferias de la AVT; Juan Bover, jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat; Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa --considerados presuntos cabecillas de la trama--; Isabel Jordán, exadministradora de empresas de la trama; y Mónica Magariños, exempleada de las mismas entidades.

Para Milagrosa Martínez, Fiscalía solicita una pena de 11 años de prisión y 34 de inhabilitación por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, mientras que para Such requiere otros nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público.

El PSPV, que ejerce de acusación popular en el 'caso Gürtel', varía las penas con respecto al ministerio público y solicita entre seis y 11 años de prisión para Martínez, y entre 27 y 37 años de inhabilitación, así como el pago de una multa de casi ocho millones de euros; Para Such requiere cuatro años de cárcel, 26 de inhabilitación y 3,5 millones de euros de multa.

A los procesados en esta pieza se les imputó por adjudicaciones realizadas por la AVT, entidad publica de la Generalitat, a la mercantil Orange Market --y otras sociedades vinculadas--, que se encargaba de organizar y realizar la mayor parte de actos del PPCV. Las adjudicaciones fueron contratos relativos a Fitur entre 2005 y 2009, y otros contratos menores.

Asimismo, están acusados de posible duplicidades de pagos abonados a las mercantiles investigadas con anuencia de las distintas autoridades y empleados públicos con funciones de redactar los pliegos y criterios de adjudicación; y de emitir informes a la Mesa de Contratación, concurrir, hacer propuestas y adjudicar concursos a estas empresas.