VALENCIA. Los bancos que están obligados a pagar el impuesto sobre los depósitos que estableció la Generalitat Valenciana han presentado ya la primera liquidación, correspondiente al primer trimestre del año. Según los datos facilitados por la Conselleria de Hacienda a petición de ValenciaPlaza.com cifran los derechos reconocidos por ese impuesto en 67,07 millones de euros.
En total han sido 29 las entidades financieras que han presentado la declaración voluntaria al final del trimestre. Hay que recordar que la norma fiscal excluye del pago a las cajas rurales con domicilio en la Comunitat Valenciana.
La Generalitat estimó en el presupuesto aprobado para este año que por el impuesto a las entidades financieras por los depósitos vinculados a la Comunitat Valenciana recaudará un total de 232 millones de euros.
Además, los últimos datos sobre los depósitos financieros de los valencianos, que han aumentado en los últimos meses por primera vez tras el inicio de la crisis, hacen pensar en que esa liquidación trimestral podría ser mayor a lo largo del ejercicio. De momento las entidades financieras se limitan a presentar la liquidación. El pago, según la norma, debe efectuarse al finalizar el ejercicio.
UN IMPUESTO POLÉMICO
De momento las entidades financieras con negocio en la Comunitat Valenciana están cumpliendo con la ley al hacer la liquidación del impuesto. Sin embargo, cabe recordar que el Gobierno de España ha pedido al Consell que retire este gravamen.
El conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, se ha mostrado dispuesto a negociar con el Ministerio de Hacienda un acuerdo que elimine las incertidumbres sobre un impuesto que ya aplican otras regiones en España y que fue declarado legal y válido por el Tribunal Constitucional tras el recurso que presentó el Gobierno cuando otras autonomías lo pusieron en marcha.
De hecho, el Gobierno compensa a algunas comunidades con una aportación económica idéntica a la previsión de ingreso por ese impuesto, una opción que la Generalitat no vería con malos ojos si el Ministerio de Hacienda insiste en suprimir la capacidad de las autonomías para regular este gravamen.
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