VALENCIA (X. A. / AGENCIAS). El grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia, personado en el caso Nóos, pidió este lunes al juez José Castro la imputación del vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau, por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude a la administración y tráfico de influencias.
El escrito de 66 páginas se centra en varios puntos clave para señalar que el número dos de Rita Barberá "ha podido tener decisiva e imputable intervención" en los convenios de las cumbres Valencia Summit que apadrinaba Iñaki Urdangarin.
Fuentes socialistas subrayaron a este diario que la redacción del escrito gira va dirigida a poner en evidencia que la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB) tenía "carácter público" y estaba "controlada por el Ayuntamiento de Valencia con Grau a la cabeza", así como en otorgar relevancia a las declaraciones de diversos patronos que han señalado al vicealcalde como "responsable en la toma de decisiones".
Así, los cinco argumentos que conforman el núcleo de la solicitud de los socialistas son los siguientes:
1.- Desmontar la "falacia", a juicio de los socialistas, sobre el carácter privado de la FTVCB. En este punto, el escrito expone la "incuestionable naturaleza pública de la Fundación Turismo Valencia y su obligada sujeción, por tanto, a las normas y principios que rigen la contratación pública". Para ello, entre otras justificaciones, el documento refleja que la financiación del ente era "prácticamente en su totalidad de origen público".
2.-El Ayuntamiento de Valencia controlaba la fundación. Según el escrito, Grau manifestó en su declaración como testigo que la decisión de firmar los convenios con el Instituto Nóos fue de los miembros que conformaban la Junta de Patronos de la Fundación Turismo Valencia y no del consistorio. Sin embargo, el Ayuntamiento "lejos de ser un socio minoritario era la institución que dominaba y controlaba los planes, programas y presupuestos de la fundación".
3.- Responsabilidad de Grau en las decisiones. El escrito se apoya en que durante la instrucción del caso, los testigos coincidieron en señalar que el vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia era la persona que llevaba a las reuniones del Patronato la decisión de patrocinar los Valencia Summit. "La responsabilidad de que la Fundación Turismo Valencia firmara los convenios con el Instituto Nóos recae exclusivamente en el Ayuntamiento de Valencia, siendo el señor Grau, por tanto, el responsable de los ilícitos penales que se cometieron con ocasión de la firma, ejecución y desarrollo de estos convenios", aseguran.
4.- Contrataciones "voluntaristas" y que no obedecían a "procurar el interés general". El grupo socialista pone el acento en que las contrataciones fueron "estrictamente voluntaristas", que no obedecían "a procurar el interés general" y su único fin fue "poder beneficiar económicamente con cargo de las arcas públicas valencianas a D. Iñaki Urdangarin, por su condición de yerno de Su Majestad el Rey". Además, señalan que se hicieron "al margen de cualquier procedimiento administrativo y sin comprobación prevista del precio por el que se contrataban".
5.- La alcaldesa transmitió la propuesta de los convenios a Grau. En el escrito, los socialistas también afirman que es "indiscutible" la existencia de una reunión privada entre Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, con el entonces president de la Generalitat Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Barberá reconoció que en esa reunión remitió a Urdangarín a Cacsa y la Fundación Turismo Valencia "por ser las entidades más adecuadas para firmar estos convenios", según recuerda el PSPV, que añade que fue la propia alcaldesa quien transmitió esta proposición a Grau, pese a que éste dijo que la propuesta que recibió la fundación de firmar los convenios con el Instituto Nóos provenía de Cacsa.
En esta línea, el portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, aseguró, en un comunicado, que "Barbera y su equipo no dieron ningún paso para defender los intereses de Valencia ante los fondos que fueron indebidamente pagados a la Fundación de Nóos" y anunció que su próximo paso judicial será reclamar "la devolución de ese dinero".
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