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VALENCIA (EP). El secretario autonómico de Cultura, Rafael Ripoll, ha explicado este miércoles que la Generalitat abonó 100.000 euros --53.479,63 euros en una primera factura y 46.736,42 euros en la segunda-- a la consultora LECG para la elaboración de un informe que defendía la legalidad de la ayudas de Ciudad de la Luz.

Así lo explicado Ripoll en la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat de las Corts Valencianes, tras una pregunta formulada por la portavoz socialista de Grandes Eventos, Eva Martínez, quien ha explicado que el Consell encargó un informe a la consultora LEGC, que ha sido aportado a la Comisión Europea en el expediente iniciado sobre las ayudas declaradas ilegales por vulneración de la competencia y que afectan al complejo audiovisual Ciudad de la Luz.

Por ello, Martínez le ha preguntado: "¿Quién encargó y contrató con la consultora la elaboración de dicho informe y cuál ha sido su coste?". Ripoll ha respondido que fue un contrato de "asesoramiento económico" sobre los planes de negocio del complejo.

El secretario autonómico ha explicado que el contrato para la elaboración de este informe se firmó el 1 de abril de 2008 por parte del director general de Ciudad de la Luz. Asimismo, ha puntualizado que se abonaron dos facturas al respecto: una de 53.479,63 euros y otra de 46.736,42 euros.

Eva Martínez ha señalado que este informe lo encargó la Generalitat para "rebatir un informe de la UE" y ha indicado que decía que "el complejo tendría unos beneficios en 2014 de 341 millones de euros". Sin embargo, "lo que tenemos es una deuda de más de 300 millones de euros", ha lamentado.

También ha añadido que este informe "señalaba que la rentabilidad el complejo venía dada, no por la actividad audiovisual", sino porque "en la zona se iban a construir hoteles y oficinas". "Pelotazo urbanístico", ha resaltado. Asimismo, ha reclamado saber "cuándo vamos a acabar con la sangría económico que se llama Ciudad de la Luz".

CONSEJERO DEL CJC

Por otro lado, la portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, ha preguntado al vicepresidente y conseller de Presidencia, José Císcar, sobre los méritos que ostenta Federico Fernández Roldán para que la Generalitat le nombrara consejero del Consell Jurídic Consultiu (CJC).

Císcar ha destacado que el Consell entiende que Fernández Roldán "cumple los requisitos" establecidos en la ley que los establece. Ha puntualizado que es licenciado en derecho, que ha ejercido la abogacía y que aprobó las oposiciones al cuerpo de inspector de transporte terrestre del Estado. Asimismo, ha recordado que Federico Fernández fue secretario general del CJC.

Oltra, por su parte, ha indicado que los consejeros del CJC deben ser "juristas de reconocido prestigio", algo que considera que no cumple Federico Fernández. Asimismo, ha asegurado que fue cesado como secretario autonómico del órgano consultivo por "hacer mal uso de una institución pública" ya que "utilizó su despacho para actividades de sus empresas".

Císcar ha preguntado a Compromís por las "pruebas" de esta "acusación grave". Asimismo, ha destacado que Fernández Roldán "lleva más de diez años de actividad profesional y cuenta con experiencia de asuntos autonómicos".