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VALENCIA (EFE). La conselleria de Hacienda y Administración Pública ha convocado a una reunión el miércoles de la próxima semana a los representantes de los sindicatos para abordar la situación de la supresión de la paga extra acordada mediante el Decreto Ley del 20/2012.

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, "de este modo se confirma que Consell apuesta por el diálogo social y la negociación colectiva, en temas que afectan y preocupan de manera directa a los empleados de la Administración, como es la aplicación de la legislación estatal por el que se aprobó la supresión de la paga extra de navidad de 2012 a los empleados públicos".

El sindicato Cemsatse ha anunciado hoy que va a solicitar al juez que las costas judiciales de las demandas para la devolución de la paga extra a los empleados públicos las asuma de su patrimonio el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, ya que considera "injusto" que las arcas públicas paguen las condenas a costas.

En un comunicado, el sindicato señala que el conseller debería asumir las costas de los "más de 120.000 juicios" que deberán interponer los funcionarios valencianos para que la Generalitat les abone el devengo de los 44 días de la paga extra.

En relación este comunicado del sindicato Cemsatse, desde la conselleria ha respondido que "en un Estado de derecho como el que vivimos aboga por el cumplimiento de las leyes. En todo caso la responsabilidad personal existiría en el caso de incumplimiento de la misma".

"Desde la Consellería estamos en contacto con el Ministerio de Hacienda y con otras comunidades autónomas y otras administraciones públicas para buscar soluciones para el abono de la parte proporcional o devolución de la paga extra del año 2012 y ver qué medidas se van a adoptar respecto a este Real Decreto".

"Cabe destacar que solo hay una comunidad autónoma que ha aprobado la devolución de los 44 días correspondientes a la paga extra de 2012", han indicado las mismas fuentes, que añaden que: "no tenemos conocimiento de que se haya emprendido ninguna acción personal contra ningún consejero o concejal de hacienda por cumplir el RD Ley 20/2012".