MADRID (EP). La portavoz 'popular' de Empleo, Carmen Álvarez Arenas, ha calificado de "verdaderamente lamentable" las iniciativas en este sentido presentadas por PSOE e Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), argumentando que pedir la paralización del ERE supone "incitar a incumplir la ley" ya que la normativa laboral vigente no permite "intervenir directamente" en un conflicto empresarial.
"Lo que proponen está fuera de lugar", ha llegado a decir, asegurando que se ha respetado el derecho de negociación entre las partes y la tutela judicial efectiva, ya que el próximo 3 de junio se celebrará el primer juicio en la Audiencia Nacional.
SE OFRECIÓ LA MEDIACIÓN
Con respecto a la propuesta presentada conjuntamente por CiU y PNV, en la que se pedía al Gobierno que propicie un espacio de negociación entre las partes sin llegar a reclamar la retirada del ERE, Álvarez-Arenas ha recordado que el Ministerio de Empleo se ofreció a mediar, pero que ni los sindicatos ni la empresa solicitaron esa posibilidad, requisito 'sine qua non' para que la Administración pueda intervenir.
Además, ha señalado que cuando se registraron las iniciativas ya había concluido el plazo de 30 días de negociación voluntaria por lo que, pese a estar de acuerdo con la necesidad de diálogo para alcanzar un acuerdo, a estas alturas el Congreso "no puede ir más allá" de su función de "altavoz".
ES UNA SITUACIÓN "INSOPORTABLE"
El socialista Rafael Simancas, por su parte, ha definido de "insoportable" que una empresa con beneficios trate de "aumentar aún más sus ganancias para accionistas y directivos" a costa del "despido y la precarización" de miles de trabajadores, precisamente en una coyuntura de crisis como la actual. Y también ha cargado contra el Gobierno que, "lejos de poner obstáculos a esta barbaridad, la facilita y alienta" con su reforma laboral y "poniéndose de perfil y haciendo oídos sordos a las reclamaciones de los trabajadores".
Y es que, a su juicio, si la embotelladora plantea los despidos y cierres de plantas no es para sobrevivir ni para atajar pérdidas, sino por "codicia, porque ha decidido que 900 millones de beneficios en 2013 no son suficientes y quieren ganar un 50% más de aquí a 2020 al precio que sea", y también por "falta de responsabilidad social", ya que prefiere incrementar sus ganancias "por la vía más fácil, cruel e irresponsable".
"Pedimos que paren esta barbaridad, que no cierren las plantas ni despidan a los trabajadores porque no lo necesitan, porque ya ganan mucho dinero. Que negocien con los trabajadores un plan industrial que mejore la competitividad y salve el empleo. Lo pedimos por los trabajadores, por la empresa y por la sociedades española", ha reclamado.
A renglón seguido, ha advertido a Coca-Cola de que las empresas "no funcionan en una burbuja", sino que forman parte de una sociedad cuyos problemas "no pueden ignorar". "Y si dan la espalda a la sociedad, la sociedad se defenderá en los tribunales, en el Congreso y en la calle, y también como consumidores", ha añadido.
De hecho, antes del debate parlamentario Simancas ya había avisado de que "o las empresas se corresponsabilizan con la sociedad o la sociedad reaccionará con su voto, con huelgas y movilizaciones, y no consumiendo los productos de empresas que actúan de manera codiciosa e irresponsable". "Por tanto, cuidadito con las empresas q hacen oídos sordos a las reivindicaciones de buen empleo. Si nos dan la espalda, los españoles daremos la espalda a determinadas marcas. Ojito con lo que hacen", ha zanjado.
DEBE HABER UNA ÉTICA EMPRESARIAL
En la misma línea, Joan Coscubiela, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha reconocido que es muy lícito que las empresas quieran mejorar sus márgenes de beneficios, pero no puede ser "a costa de todo" sino que "debe haber límites en la ética empresarial". Una condición que no se cumple en el caso de Coca-Cola ni por su retorno económico actual ni por que vaya a haber una mejora de productividad o competitividad con el ERE y el cierre de plantas.
Pero, además, también ha criticado el "concubinato" entre estos "empresarios codiciosos" y el Gobierno que "mira para otro lado" y que ha aprobado una reforma laboral que ha acabado con la autorización administrativa previa, dejando así abierta la posibilidad a estos ERE injustificados y sin acuerdo.
"En estos momentos hay una pequeña posibilidad de abrir un vericueto para negociar, y nosotros podemos contribuir a esa posibilidad. Si votamos no a estas proposiciones le estaremos diciendo a quien tiene la sartén por el mango que puede atizar con ella en la cabeza a los trabajadores. Pero si votamos sí, propiciaremos que se sienten ambas partes. Ésta es una pequeña batalla pero la guerra se tiene que dar con la marcha atrás de la reforma laboral", ha concluido.
Antes, Ascensión de las Heras (IU) también había criticado que Coca-Cola "no tiene ni chispa de vergüenza" y se había comprometido a seguir apoyando a los trabajadores en la defensa de sus empleos, a través del diálogo para dar viabilidad a la empresa sin despidos. Además, ha avanzado que la Izquierda Plural presentará una iniciativa para que se pueda sancionar a empresas con beneficios que planteen despidos.
SALIDA ACORDADA
El diputado de CiU Carles Campuzano, por su parte, ha explicado que si en este caso los nacionalistas vascos y catalanes piden al Ejecutivo que intervenga en un conflicto puramente privado es por la "alarma social" generada por los despidos con el actual nivel de paro, lo que hace necesario buscar "una salida acordada" por la vía del diálogo.
"No pretendemos encausar a nadie. No tenemos información suficiente para saber si la medida de la empresa es adecuada o no, ni para saber si la posición de los sindicatos es rígida. Lo que nos parece es que la opinión pública desearía que frente a conflictos laborales de empresas del tamaño de Coca-Cola se alcanzasen acuerdos que afectasen lo menos posible al empleo. Ojalá haya tiempo aún de resolver la situación", ha concluido.
Por parte de UPyD, Álvaro Anchuelo ha reconocido no ser partidario de que los poderes públicos "interfieran" en una decisión empresarial, y ha afirmado que la flexibilidad laboral es mejor que el cierre de empresas. Sin embargo, ha apoyado las iniciativas de los otros grupos porque "no se pueden dar respuestas extraordinarias sin justificar que los problemas son también extraordinarios" y porque la llamada a la negociación es "adecuada".
Finalmente, Olaia Fernández Davila (BNG) ha achacado este conflicto a la reforma laboral y a "la gran usura de un capitalismo financiero que sólo piensa en mayores beneficios", por lo que ha apoyado los tres textos presentados.
CONCENTRACIÓN CERCA DEL CONGRESO
Mientras la Comisión de Empleo debatía estas iniciativas, en la cercana plaza de Neptuno se concentraban una treintena de trabajadores de Coca-Cola portando carteles en los que pedían 'No al cierre de Coca-Cola Fuenlabrada' y solicitaban a los ciudadanos que no beban el famoso refresco.
Aunque pretendían llevar su reivindicación a las puertas del Congreso, la Policía no se lo ha permitido e incluso ha tomado los datos a todos los manifestantes, mientras éstos gritaban 'No al ERE' y 'Ni un paso atrás'.
Por su parte, tanto el secretario general de la Federación Agroalimentaria de CC.OO., Jesús Villar, como su homólogo de UGT, Sebastián Serena, han expresado en declaraciones a los medios su confianza en que aún hay espacio para negociar y "buscar alternativas" a los cierres antes del juicio del 3 de junio.
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