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VALENCIA (EFE). El Gobierno y la Generalitat han iniciado negociaciones para resolver las discrepancias respecto a dos artículos de la conocida como ley de Acompañamiento a los Presupuestos autonómicos de este año, uno de los cuales introdujo el impuesto sobre los depósitos en entidades de crédito.

La comisión bilateral de cooperación Administración general del Estado-Generalitat ha acordado designar un grupo de trabajo para proponer una solución a esas discrepancias, según el acuerdo que publican hoy el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y el Boletín Oficial del Estado.

Uno de los artículos objeto de discrepancia de la ley de Medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat -más conocida como ley de Acompañamiento a los Presupuestos- es el 161, por el que se creó un impuesto propio sobre los depósitos en entidades de crédito.

Mediante este impuesto de carácter directo, que grava los depósitos constituidos en las entidades de crédito -excepto las secciones de crédito de las cooperativas, el Banco de España, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Central Europeo y el ICO- el Gobierno valenciano esperaba recaudar 230 millones de euros este año.

El otro artículo objeto de discrepancia es el 88, por el que se modificó el anexo I de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública valenciana, para incorporar o modificar varios cuerpos o escalas.

Este acuerdo de inicio de las negociaciones, firmado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el vicepresidente del Consell, José Císcar, será comunicado al Tribunal Constitucional

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