VALENCIA (EP). La Fiscalía Anticorrupción estudia la posibilidad de recurrir el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sobre la competencia de la Audiencia Provincial de Valencia para juzgar la pieza 3 del 'caso Gürtel', relativa a las contrataciones entre la Generalitat Valenciana y Orange Market S.L. por la Feria de Turismo Fitur entre los años 2005 y 2009, según ha podido saber Europa Press.
El ministerio público se ha mostrado siempre partidario de que esta pieza se juzgue en el TSJCV, pese a que en la misma ya no figurase ninguna persona aforada después de que las dos que reunían esta condición, Milagrosa Martínez y Angélica Such, ambas exconselleras de Turismo, renunciaran a sus actas de diputadas recientemente.
Por su parte, el PSPV --acusación popular-- también estudiará a fondo el auto del TSJCV, aunque por el momento no contempla recurrirlo puesto que pese a que entendía que los hechos debían ser juzgados en el tribunal valenciano, la opción de que finalmente sea la Audiencia de Valencia también le parece adecuada. El PSPV si que se muestra totalmente en contra de que la pieza recaiga en la Audiencia Nacional.
El recurso contra la resolución del TSJCV debería dirigirse ante el Tribunal Supremo (TS), que en la actualidad, tras haber sido reforzado en diferentes servicios, está tardando una media de cuatro meses en resolver cuestiones de competencia en el ámbito penal, aunque todo depende del volumen del asunto y del número de órganos sobre los que se estudia la competencia, tal y como han indicado fuentes jurídicas a Europa Press.
Así, según consta en los archivos del Supremo, las cuestiones de competencia que han llegado al Alto Tribunal entre los meses de noviembre y diciembre de 2013, se han ido resolviendo en tres o cuatro meses. Entre ellos, uno de los últimos ejemplos es un asunto penal que entró el 22 de noviembre sobre cuestiones de competencia entre el juzgado de Sabadell y el de Úbeda, que se resolvió el pasado mes de marzo.
De esta forma, el TS, quien en estas ocasiones se centra en estudiar la competencia y no el fondo de los asuntos que le llegan, está agilizando la resolución de este tipo de cuestiones con el objetivo de evitar demoras en el enjuiciamiento de las causas, aunque todo depende de su complejidad.
PARALIZADA
La renuncia a las actas de diputadas de Milagrosa Martínez y Angélica Such provocó que el tribunal valenciano paralizase hace algo más de 15 días el inicio del juicio de esta pieza, que estaba previsto para el 31 de marzo, y planteara una cuestión de competencia, sobre la que pedía que se pronunciaran las diferentes partes del proceso --que suma 13 acusados, el ministerio fiscal y el PSPV (ejerce de acusación popular)--.
Al respecto, 11 de las personas acusadas en esta pieza --Such; Martínez; Rafael Betoret, exjefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo; Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la agencia y Ana Grau coordinadora de ferias de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT); Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa --considerados presuntos cabecillas de la trama--; Isabel Jordán, exadministradora de empresas de la trama; y Mónica Magariños, exempleada de las mismas entidades-- consideraron que la Sala había perdido su competencia para enjuiciar los hechos.
Por su parte, otros dos acusados, Isaac Vidal, exjefe del área de Mercados y Comunicación de la AVT; y Juan Bover, jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat; y las partes acusadoras --ministerio fiscal y PSPV (acusación popular)-- estimaron que el juicio debía seguir tal y como se había previsto inicialmente, en el TSJCV.
En concreto, la Fiscalía sostenía que la pieza debía juzgarse en el TSJCV aludiendo a cuestiones de "unidad", de no demora y en cumplimiento de lo señalado por el Tribunal Supremo, quien ordenó en su día que los hechos remitidos por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre la rama valenciana del 'caso Gürtel' debían ser "íntegramente" asumidos por el TSJCV, y que debían someterse al mismo proceso a aforados y no aforados.
Estos argumentos alegados por la Fiscalía han sido rechazados por el tribunal valenciano, al considerar que cuando se forman piezas separadas, no es extensible a los enjuiciamientos dimanantes de lo que resulte de cada pieza separada; y señala que aunque el auto de apertura de juicio oral viene a señalar el órgano judicial competente para el enjuiciamiento de los hechos, existen supuestos en la propia norma que evidencian que dicha fijación puede no ser definitiva.
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