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PALMA DE MALLORCA/VALENCIA (EP). El juez instructor del caso Nóos, José Castro, interrogará entre este viernes y el sábado en Valencia a un total de quince testigos en el marco de unas diligencias dirigidas a esclarecer cómo fueron gestados los Valencia Summit organizados en 2004, 2005 y 2006 por el Instituto Nóos. Entre ellos se encuentra la diputada del PP en el Congreso Belén Juste y numerosos empresarios del sector turístico. 
En concreto, se encuentran emplazados a declarar este viernes, en la Ciudad de la Justicia, la propia Juste, también exdirectora general de la Feria de Valencia (17.30 horas); el empresario Juan Carlos Gelabert (17.45); el exdirector el Hotel Expo Antonio Mora (18.00); la exdirectora de Gama de Valencia Eventos y Congresos Gabriela Sales (18.15); Enrique Torres (18.30); el promotor turístico Vicente Blasco (18.45), y Pedro Campillo (19.00).
Del mismo modo, para el sábado están fijadas las comparecencias de Luis García (9.30); el exsecretario general de Feria de Valencia Enrique Calomarde (9.45); el expresidente de Feria Alberto Català (10.00); el expresidente de la Confederación Empresarial Valenciana Rafael Ferrando (10.15); el exdirector del Hotel Expo José Gallego (10.30); Manuel Ales (10.45); la exdirectora del Hotel Meliá Rey don Jaime Consuelo Garde (11.00), y la concejal de Cultura de Valencia, María Irene Beneyto (11.15).
Todos ellos fueron citados a petición de la defensa del exsecretario autonómico de Turismo Luis Lobón, imputado en el marco de este procedimiento judicial. El exalto cargo planteó en 2012 que Castro debía apartarse de las pesquisas referidas a hechos acontecidos en Valencia, como la preparación de los Valencia Summit y de los Juegos Europeos, por los que Nóos percibió 382.000 euros públicos a pesar de que nunca llegaron a celebrarse.
Además, estas testificales constituyen una de las últimas diligencias que Castro prevé practicar en el marco del caso Nóos, cuyas investigaciones dieron sus primeros pasos a principios de 2010, en el marco del caso Palma Arena, y estallaron en noviembre de 2011 con el registro del Instituto Nóos y de varias sociedades vinculadas. A través de ellas, tanto Iñaki Urdangarin como su exsocio Diego Torres se habrían apoderado de unos 5,9 millones de euros de las Administraciones públicas.
En concreto, las tres ediciones del Valencia Summit tuvieron lugar en virtud de un convenio de colaboración y dos addendas posteriores suscritos entre la FTVCB, la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) y Nóos-. Según un informe de la Agencia Tributaria, sólo en 2004 Nóos destinó a la preparación del primer Valencia Summit 194.436 euros, a pesar de que para ello había percibido un total de 1,044 millones públicos.
Un año después, de los 1,5 millones que recibió, tan sólo gastó en facturas de la segunda edición 395.597 euros, mientras que en lo que a la tercera edición se refiere, el Instituto recibió 1,049 millones, de los que empleó 320.635 euros para el evento. Así, hasta un total de 3,6 millones de euros recibió Nóos de la Administración pública valenciana por las tres ediciones del evento deportivo.
El pasado mes de enero, el magistrado libró oficio a la entidad que sufragó parte de los Valencia Summit, la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), a fin de que le remitiera copia de las actas de las reuniones que su patronato y su comisión ejecutiva celebraron entre 2004 y 2007 y profundizar así en el origen del evento deportivo.
Del mismo modo, Castro pidió a finales del pasado año a la Generalitat Valenciana la totalidad de actas de las reuniones celebradas por el Consorcio Valencia 2007 -creada de cara a la America's Cup de ese año-, después de que el exdirector general de Cacsa Jorge Vela presentase un escrito en el que señalaba que esta entidad "desempeñó un papel, bien sea periférico o nuclear, en las decisiones atinentes en los Valencia Summit".
También, a petición en su casó de Lobón, acordó librar oficio a la Presidencia de la Generalitat para que le remitiera una copia certificada del 'Plan de Acción' para la America's Cup, aprobado por el Consell el 17 de junio de 2005. Finalmente, requirió a la FTVCB los domicilios de las personas que participaron en las reuniones del Patronato y de la Comisión Ejecutiva celebradas en los años 2004 a 2007.
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