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VALENCIA. El presidente de la Generalitat y líder del PPCV, Alberto Fabra, dio este miércoles otro pequeño paso en su objetivo de lucir un grupo parlamentario en Les Corts sin diputados implicados en causas judiciales con la renuncia del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi.
A lo largo de la legislatura, la bancada del PP en Les Corts ha llegado a albergar una decena de imputados. Ahora, merced al avance de los diferentes casos en los juzgados, el presidente Fabra ha podido conseguir que se produzcan las salidas sin llegar a un enfrentamiento abierto, aunque sin librarse de situaciones incómodas.
La renuncia a su escaño ayer de Días Alperi, procesado por tres delitos contra la Hacienda Pública y cohecho impropio, además de encontrarse imputado en el caso Brugal, reduce a cinco los parlamentarios con asuntos pendientes con la justicia.
Así, Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra y Yolanda García se encuentran imputados en el caso Gürtel mientras la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, lo está en el llamado caso Brugal. Ahora bien, a ninguno de ellos se les ha procesado, al menos todavía.
Hasta ahora, los afectados por la llamada 'línea roja' del presidente Fabra contra la corrupción en Les Corts han sido varios: el primero fue el exalcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, condenado a tres años de prisión por delitos de falsedad documental y prevaricación en la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de basuras. Abandonó el acta de diputado cuando se hizo pública la sentencia.
Posteriormente, el exconseller Rafael Blasco, procesado por el caso de Cooperación y con la Fiscalía solicitando 14 años de cárcel, terminó abandonando el grupo parlamentario 'popular' tras un prolongado ‘tira y afloja' con Fabra. Blasco no dejó Les Corts, sino que pasó al Grupo de No Adscritos.
La siguiente en renunciar al escaño fue la exconsellera Angélica Such, procesada en la pieza sobre Fitur del caso Gürtel. Su marcha ha sido, posiblemente, la más discreta de la legislatura hasta el momento. En cambio, la también exconsellera y alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, procesada por el mismo caso y con solicitud de prisión por pare de la Fiscalía, mantuvo el pulso durante algunas semanas. Fuentes ‘populares' apuntaron a una negociación de la diputada y la dirección del partido que incluiría una ayuda económica para el pago de la defensa. Ni se confirmó ni se desmintió.
El último de esta particular lista ha sido Luis Díaz Alperi. El exalcalde de Alicante renunció ayer a su escaño, según sus palabras, "por motivos de salud" , si bien el propio portavoz del grupo ‘popular', Jorge Bellver, recalcó que también lo hacía para cumplir la indicación de la ‘línea roja' de Fabra.
No obstante, Alperi decidió marcharse haciendo ruido: en declaraciones a la Cope, cargó contra el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana: "Es el culpable de todos los males", aseguró, además de acusarle de orquestar una "venganza política" contra su persona y afirmar que fue él quien trajo Gürtel a Valencia. Unas declaraciones a las que el exministro reaccionó solicitando que se retractara.
La marcha del exalcalde de Alicante conducirá su caso, probablemente, a la Audiencia Provincial de Alicante. Podría ocurrir lo mismo con Brugal. De hecho, fuentes 'populares' señalaban ayer que la siguiente en la lista de bajas de la cámara podría ser Sonia Castedo que, pese a no encontrarse procesada, ya anunció dos años atrás su intención de renunciar al escaño. De renunciar al acta, la ausencia de aforados podría reconducir también el caso Brugal del TSJCV a la provincia de Alicante, una situación que permitiría a Castedo ganar tiempo. La dirigente 'popular' remarcó este mismo jueves que renunciará a su acta "cuando crea que lo tiene que hacer".
OTRAS BAJAS FRUTO DE LA 'LÍNEA ROJA'
El presidente Fabra mostró desde su llegada al poder la intención de ser inflexible los casos de corrupción. Se encargó de diseñar una nueva dirección del partido sin imputados y llevó a la práctica esta tesis en los puestos que dependen del Gobierno valenciano. Las actas de diputados y concejales, al ser personales, le han causado -y siguen causándole- más problemas.
Así, el secretario autonómico de Turismo, Luis Lobón, o el director general del IVF, Jorge Vela, abandonaron sus puestos tras ser imputados en el caso Nóos. También lo hizo la directora general de Promoción Institucional, Dora Ibars, imputada en Gürtel. Uno de los casos más destacados fue el del conseller de Hacienda, José Manuel Vela, que dimitió tras ser imputado por una presunta revelación de secretos al exconseller Rafael Blasco, algo que fue archivado poco tiempo después.
LA LÍNEA... ¿NARANJA?
Pese a este empeño del jefe del Consell en mejorar la imagen del PP y del Ejecutivo, también ha habido -y continúa habiendo- sombras en sus actuaciones en este apartado. Empezando por la divergencia de criterio que supone que unos dirigentes, al ser imputados, hayan salido de sus puestos, y haya alcaldes o diputados que continúan en sus cargos pese a encontrarse esa situación.
Dada la dificultad de que la autoridad de Fabra se impusiera en todos los casos, el discurso varió a lo largo de la legislatura respecto a las actas personales en Les Corts o los ayuntamientos: la apertura de juicio oral pasó a establecerse como el límite para los cargos que no dependían directamente del Consell. La ya conocida frase de "no sentarse a la vez en el banquillo y en Les Corts".
Sin embargo, también existen casos que no terminan de ajustarse a estas reglas. Orihuela es un ejemplo. La concejal y portavoz del PP, Mónica Lorente, se encuentra procesada por irregularidades en una adjudicación además de estar imputada en el caso Brugal. Recientemente abandonó las competencias en la Diputación de Alicante, aunque ha mantenido el acta. Por su parte, la presidenta local del partido y miembro del comité regional del PPCV, Pepa Ferrando, declarará como imputada el próximo 15 de mayo por posibles delitos de prevaricación, malversación, fraude y cohecho por unas facturas relacionadas con la presencia del municipio en Fitur. Sigue manteniendo sus cargos.
Otro de los que continúa en su puesto pese a estar imputado -rn Brugal- es el presidente de la Autoridad Portuaria, José Joaquín Ripoll, un cargo designado a instancias del Consell. En este caso y los de Orihuela, los dirigentes de la cuerda ‘campista' ven un trato de favor por parte de Fabra a los responsables afines al ex presidente Eduardo Zaplana.
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