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VALENCIA. Los 'fantasmas' de la finca donde se ubica la sede de Apple en Valencia vuelven a sobrevolar la calle Roger de Lauria. Desde 2010, cuando se vendió para albergar la sede de la compañía de la manzana, no se había vuelto a saber sobre la denuncia por un presunto fraude en la tasación del edificio. Pero ahora, el juzgado de Instrucción número 12 de Valencia ha procesado por presunto delito de falso testimonio a dos de los peritos que tasaron el inmueble.

La denuncia interpuesta por José Antonio Gonzálbez, antiguo propietario del edificio de la calle Lauria, número 28-30, esquina con Colón, a un arquitecto de la Sociedad del Colegio de Arquitectos (Arquitasa) y un agente de la propiedad inmobiliaria, por un presunto fraude en las tasaciones del inmueble que albergaría la tienda de la compañía de Steve Jobs. El reparto de una herencia, la clave.

Los informes de estos dos peritos obligaron al hombre que heredó el inmueble a pagar unos 15 millones de euros a sus hermanos - coherederos- para cumplir con las compensaciones.  Un auto del juzgado declara la conclusión de la fase de instrucción del procedimiento, así como dar traslado a las partes para que formulen sus escritos de acusaciones y defensas. La magistrada estima que los hechos investigados pueden ser constitutivos de un delito de falso testimonio previsto y penado en los artículos 458 y 459 del Código Penal, que puede acarrear penas de prisión e inhabilitación.

Los Gonzálbez Alberola amasaban una importante cantidad de activos y bienes inmuebles por sus negocios en la industria del Acero: Proderac es la trefilería que desde 1924 gestiona la familia. Los padres, Antonio Gonzálbez y Ángeles Alberola, fundadores de la empresa, decidieron ceder a sus hijos la herencia aún en vida. Entre los bienes constaban fincas rústicas, el edificio número 32 en Don Juan de Austria, otro inmueble en Guillem de Castro, tierras en Mogente, terrenos industriales en Catarroja y una finca de gran valor en la calle Hermanos Bécquer, número 4 en Madrid, cerca del Paseo de la Castellana, una de las zonas más caras de España.

En el reparto de la herencia, a José Antonio Gonzálbez le correspondió el edificio de Lauria, entre otros. Cuando fallecieron los progenitores, los herederos, plantearon una retasación de todos los bienes para redistribuirlos. Además de José Antonio Gonzálbez, constaban sus hermanos Javier y Ángeles (esposa del propietario de Waksman Inmobiliaria) y los hijos de Celia, la hermana fallecida: Luís, José Antonio, Gema, Celia y Belén Jordana de Pozas Gonzálbez.

En el caso de este inmueble, las tasaciones fueron efectuadas por valor de 36.082.225,15 euros y 32.157.584 euros, mientras que éste se vendió a una sociedad por el precio de 18 millones que posteriormente lo rehabilitó. Esta diferencia en las cifras obligó a José Antonio Gonzálbez, el denunciante, a pagar a sus tres hermanos unos 15 millones en materia de compensación.

El perito de Arquitasa, aportado por la representación de una de las hermanas, tasó el inmueble de Valencia, del siglo XIX, en 36.082.225,15 euros, "a sabiendas de que el valor del mismo difícilmente podría superar los 22 millones de euros", según consta en el auto. De hecho -agrega-, "fue vendido en 23 millones, cantidad notoriamente inferior a aquella en la que fue tasado".

Al respecto, los letrados de los denunciantes, Mario Gil y Ana Mejías, afirman que la primera venta del inmueble se realizó por 18 millones sin rehabilitar a la sociedad que se lo alquila a Apple, y que estos 23 millones a los que se refiere la magistrada son por la segunda venta al fundador de Inditex Amancio Ortega. En el caso del perito judicial, el agente de la propiedad inmobiliaria, efectuó un informe en el que lo tasaba en 32.157.584 euros.

Ambos peritos, en sus declaraciones en fase de instrucción, ratificaron sus informes, cuyas cifras sobrepasaban los 30 millones de euros, y el magistrado civil dio validez parcial a las mismas y concedió un valor al inmueble de más de 32 millones de euros, teniendo en cuenta que el estado del edificio precisaba una remodelación. De esta manera, el heredero del mismo tuvo que pagar a sus hermanos 15 millones de euros por las compensaciones en la herencia.

UNA TASACIÓN MÁS BAJA DEL EDIFICIO DE DON JUAN DE AUSTRIA

Respecto a otro de los edificios de la herencia, el ubicado en Don Juan de Austria número 32, también propiedad de la familia, se tasó en 19.328.780 euros, con un tamaño similar al de Lauria y en perfecto estado por dentro. Sin embargo, la jueza encontró un informe anterior que conservaba en su ordenador, en una carpeta bajo el nombre de 'SECRETOS', en el que valoraba el inmueble en 19.902.596 euros.

Al respecto, la magistrada señala que la presentación del primer informe en lugar del segundo "obedeció a su intención de minorar el valor en beneficio de una de las partes y en perjuicio de la otra en el procedimiento civil". Por último, también se tasó un inmueble en Madrid por 19.902.596 euros, "sin que se haya practicado prueba que determine que tal valor sea inadecuado".

LA UPV Y ARQUIBÉRICA APUNTAN A UNA MANIPULACIÓN DELIBERADA

El denunciante, que no descarta solicitar la responsabilidad civil de la aseguradora Asemas, presentó a la causa el informe de un detective privado que investigó la valoración realizada por los peritos sobre los inmuebles. Le llegó a confesar, tras exponerle la tasación de 36 millones, que actuó con un dolo directo, e incluso le reconoció tener guardada en su despacho otra peritación de un valor de aproximadamente 10 millones de euros menos, según recogió el dueño del inmueble en su denuncia.

Respecto del agente inmobiliario, el detective averiguó que tras el procedimiento, seguía manteniendo contacto con las partes; que conocía, respecto de la familia, incluso los parentescos de cada rama de la familia y los cargos ostentados por una de las partes; y que incluso llega a reconocer que una de las partes resultaba perjudicada por su informe pericial del edificio, tal y como se recoge en el mismo escrito remitido a la jueza.

Tras tener estos datos, el denunciante encargó dos informes más sobre el inmueble: uno de ellos a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), y otro a una empresa del sector: Arquibérica. Ambos concluían que había habido una manipulación deliberada de los valores y que el precio de venta nunca pudo ser superior a los 18 millones de euros, según indican los abogados.