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VALENCIA (EP). La jueza encargada de investigar un presunto fraude en la tasación del edificio vendido para albergar la sede de Apple España en Valencia ha procesado por presunto delito de falso testimonio a dos peritos --un arquitecto de la Sociedad del Colegio de Arquitectos (Arquitasa) y un agente de la propiedad inmobiliaria-- cuyos informes obligaron al hombre que heredó el inmueble a pagar unos 15 millones de euros a sus hermanos --coherederos-- para cumplir con las compensaciones.
Así consta en el auto de incoación de procedimiento abreviado, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que se declara la conclusión de la fase de instrucción del procedimiento, así como dar traslado a las partes para que formulen sus escritos de acusaciones y defensas. La magistrada estima que los hechos investigados pueden ser constitutivos de un delito de falso testimonio previsto y penado en los artículos 458 y 459 del Código Penal, que puede acarrear penas de prisión e inhabilitación.
El caso se remonta a la denuncia interpuesta en 2010 por el que fuera propietario del edificio, ubicado en la calle Lauria, esquina con Colón de Valencia, por presunta estafa en las tasaciones del inmueble, efectuadas por valor de 36.082.225,15 euros y 32.157.584 euros, mientras que éste se vendió a una sociedad por el precio de 18 millones que posteriormente lo rehabilitó. Esta diferencia en las cifras obligó al dueño --denunciante-- a pagar a sus tres hermanos unos 15 millones en materia de compensación.
Tras fallecer los progenitores del denunciante, los cuatro hermanos iniciaron un procedimiento civil con el objeto de realizar determinadas compensaciones entre los coherederos. Para ello, era esencial la valoración de los bienes en su día donados.
Así, --según recoge la jueza como indicios en el auto-- el perito de Arquitasa, aportado por la representación de una de las hermanas, tasó el inmueble de Valencia, del siglo XIX, en 36.082.225,15 euros, "a sabiendas de que el valor del mismo difícilmente podría superar los 22 millones de euros". De hecho --agrega--, "fue vendido en 23 millones, cantidad notoriamente inferior a aquélla en la que fue tasado".
Al respecto, los letrados de los denunciantes, Mario Gil y Ana Mejías, han afirmado que la primera venta del inmueble se realizó por 18 millones sin rehabilitar a la sociedad que se lo alquila a Apple--, y que estos 23 millones a los que se refiere la magistrada son por la segunda venta al fundador de Inditex Amancio Ortega.
En relación al mismo inmueble --prosigue la jueza--, otro perito judicial --agente de la propiedad inmobiliaria--, "igualmente a sabiendas de tal circunstancia --el valor real del edificio--", efectuó un informe en el que lo tasaba en 32.157.584 euros.
Ambos peritos, en sus declaraciones en fase de instrucción, ratificaron sus informes, cuyas cifras sobrepasaban los 30 millones de euros, y el magistrado civil dio validez parcial a las mismas y concedió un valor al inmueble de más de 32 millones de euros, teniendo en cuenta que el estado del edificio precisaba una remodelación. De esta manera, el heredero del mismo tuvo que pagar a sus hermanos 15 millones de euros por las compensaciones en la herencia.
OTRAS TASACIONES
Para completar la distribución de la herencia y su valoración, la jueza expone en su auto que también había que valorar otro inmueble ubicado en la calle Juan de Austria de Valencia, para el que el agente de la propiedad presentó un informe de tasación de 19.328.780 euros, "cuando inicialmente había efectuado otro informe, que conservaba en su ordenador, en una carpeta bajo el nombre de 'SECRETOS', en el que valoraba el inmueble en 19.902.596 euros.
Al respecto, la magistrada señala que la presentación del primer informe en lugar del segundo "obedeció a su intención de minorar el valor en beneficio de una de las partes y en perjuicio de la otra en el procedimiento civil". Por último, también se tasó un inmueble en Madrid por 19.902.596 euros, "sin que se haya practicado prueba que determine que tal valor sea inadecuado".
Por todos estos hechos, la jueza estima que, sin perjuicio de la resolución que pueda adoptarse posteriormente, los hechos de este procedimiento pueden ser constitutivos de un delito de falso testimonio. Considera "especialmente destacable" el contenido de los informes periciales aportados, así como el de los discos duros extraído por la Brigada de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía.
DETECTIVE DEL DENUNCIANTE
El denunciante, que no descarta solicitar la responsabilidad civil de la aseguradora Asemas, presentó a la causa el informe de un detective privado que investigó la valoración realizada por los peritos sobre los inmuebles. Le llegó a confesar, tras exponerle la tasación de 36 millones, que actuó con un dolo directo, e incluso le reconoció tener guardada en su despacho otra peritación de un valor de aproximadamente 10 millones de euros menos, según recogió el dueño del inmueble en su denuncia.
Respecto del agente inmobiliario, el detective averiguó que tras el procedimiento, seguía manteniendo contacto con las partes; que conocía, respecto de la familia, incluso los parentescos de cada rama de la familia y los cargos ostentados por una de las partes; y que incluso llega a reconocer que una de las partes resultaba perjudicada por su informe pericial del edificio, tal y como se recoge en el mismo escrito remitido a la jueza.
Tras tener estos datos, el denunciante encargó dos informes más sobre el inmueble: uno de ellos a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), y otro a una empresa del sector: Arquibérica. Ambos concluían que había habido una manipulación deliberada de los valores y que el precio de venta nunca pudo ser superior a los 18 millones de euros, según indican los abogados. Por todo ello, los letrados del denunciante han aportado documentación para indicar que los peritos -uno de ellos, además, abogado-- pudieron actuar de esta forma por "presiones" de los coherederos.
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