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VALENCIA. La batalla por el control de Aguas de Valencia aún no ha terminado. A pesar de que la Corte de Arbitraje y Mediación de Valencia dio la razón a Fomento Urbano de Castellón (Fucsa) en su tesis de que el cambio de dueño de Banco de Valencia le da derecho a comprar las acciones de la concesionaria que ahora tiene Caixabank, hay un fleco que todavía no está definido: el precio.
El laudo especifica que el precio que tendrá que pagar la empresa de Eugenio Calabuig por la participación del 49% de Caixabank en Inversiones Financieras Agval (lo que indirectamente supone el 30% de Aguas de Valencia) se deberá calcular multiplicando por 20 el beneficio medio neto recurrente de la sociedad en los dos últimos ejercicios. Se desestima así la petición de Fucsa de que se aplicara el valor contable y se fija que un auditor externo el que eche el cálculo.
A pesar de que ese procedimiento está pendiente, este jueves, 24 horas después de que se dictase el laudo, las dos partes empezaron a hacer cálculos sobre el precio. Desde el entorno de Caixabank se estimó que la fórmula arrojaría una valoración de su participación de 120 millones de euros.
Esta cifra es el doble del valor contable que consta en libros y que es de 63 millones de euros. Esa es la cantidad que Calabuig quiere pagar por las acciones.
El auditor que tendrá que fijar el precio definitivo será nombrado por la empresa, controlada por Calabuig, y tiene que ser distinto del que fiscaliza las cuentas de la sociedad. La cifra que marque no será objeto de discusión.
Aunque el laudo es uno, las interpretaciones de cada una de las partes son casi antagónicas. Mientras que desde Fucsa se considera que se ha conseguido una victoria que permitirá que la sociedad tenga capital mayoritario valenciano, desde Caixabank se estima que, pese a verse obligados a vender, el dinero que esperan obtener por una participación que se incluyó en la compra de Banco de Valencia por un euro representará un ingreso relevante.
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