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VALENCIA. La actual dirección de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), compuesta con el consejo liquidador, presenta este jueves el acuerdo de expediente de regulación de empleo (ERE), según fuentes de la empresa. El documento contó con el respaldo de cinco de los seis sindocatos presentes en el comité de empresa y fue ratificado por los trabajadores en votación el domingo 23 de marzo.

La empresa tenía un plazo de quince días para presentarlo, si no quería que decayera, lo que significa que expira y deja de tener efecto. Además, el artículo octavo del texto firmado por los participantes en la negociación que lo han aceptado, se tiene que incluir el documento de la Conselleria de Hacienda que confirma la consignación presupuestaria por parte de la Generalitat de los costes del ERE, repartidos en un 60% en 2014 y un 40% en 2015.

El plazo límite para esta fase expiraba el próximo lunes, pero desde el momento de la presentación se abre otro periodo de tiempo, destinado en este caso para que la autoridad laboral lo analice que ocupará hasta 15 días. Una vez se disponga de este visto bueno, que no es vinculante tras la reforma laboral, se iniciará el proceso de aplicación. 

ACUERDO MAYORITARIO

Cinco de los seis sindicatos del comité de empresa ratificaron el acuerdo respaldado por un 70% de la plantilla. Únicamente CGT, minoritario en el órgano de representación de los trabajadores, se negó a aceptar el acuerdo alcanzado y este miércoles acordó la presentación de una demanda colectiva contra el ERE.

El sindicato tiene hasta el 15 de abril para presentar la demanda ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que es quien tiene competencia en este caso al verse afectados por los despidos tanto los trabajadores de la Comunitat Valenciana como los de las delegaciones en Madrid y Barcelona.

El rechazo de CGT se basa en su discrepancia sobre la justificación económica del cierre y de la pérdida de la personalidad jurídica que alegó la empresa para su cierre. Igualmente, considera que se produjeron irregularidades a la hora de aprobar la ley de supresión de la entidad.

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