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VALENCIA. Los próximos 11 y 12 de abril, viernes y sábado previos a la Semana Santa, el juez José Castro, instructor del caso Nóos, volverá a viajar de Palma de Mallorca a Valencia para tomar declaración a un puñado de testigos como parte de su investigación de los contratos que la Generalitat Valenciana firmó con la fundación que presidía Iñaki Urdangarin.
La nómina de citados para esos dos días es de altura: la exconsellera de Industria y actual diputada en el Congreso por el PP Belén Juste, el que fuera su jefe cuando ocupaba la dirección de Feria Valencia y expresidente de esa institución, Alberto Catalá, el expresidente de las patronales CEV y Cierval, Rafael Ferrando y un puñado de empresarios turísticos vinculados todos ellos al patronato de la Fundación Valencia Convention Bureau, organismo que firmó los contratos con Nóos.
Lo que llama la atención de estas declaraciones ordenadas por Castro es que se producen a instancias de la defensa de Luis Lobón, el exsecretario de Turismo de la Generalitat Valenciana imputado en el caso.
El caso de Lobón es particularmente relevante dentro del caso Nóos. Su imputación se produjo en plena declaración ante el juez como testigo. Según fuentes del caso, en aquel interrogatorio el magistrado llegó a molestarse de forma notable ante las respuestas exculpatorias que daba Lobón y que contradecían tanto otras declaraciones como los documentos que manejaba. "No vamos a seguir. A partir de ahora tiene usted derecho a acudir con un abogado", dicen que le dijo con tono grave.
EL VENTILADOR DE LAS RESPONSABILIDADES
La cuestión es que Lobón, que siempre ha defendido que todo se hizo correctamente, se encuentra en una situación complicada jurídicamente. Él era responsable de Grande Proyectos de la Generalitat y, como tal, tuvo una particpación activa en la convocatoria de los Valencia Summit. ¿Quién ordenó que se contratara a la Fundación Nóos? Ahí está el meollo de la cuestión.
El que fue su superior durante años, el exconseller de Hacienda Gerardo Camps, se exculpó cuando fue a declarar también como testigo. Y echó balones hacia abajo, hacia los altos cargos que estaban a su servicio. Y ahí estaban Lobón, o los exdirectores de Cacsa, Jorge Vela o José Manuel Aguilar, también imputados.
La cuestión es que los actualmente señalados por el juez como responsables no quieren comerse el marrón que, según el auto que en su día dictó Castro cuando trató de imputar a Francisco Camps y a Rita Barberá, tenía como origen Presidencia de la Generalitat o la Alcaldía de Valencia.
Jorge Vela, exdirector de Ciudad de las Artes y las Ciencias, por ejemplo, ya ha aportado documentos al juez para tratar de probar que él cumplía ordenes. Ahora Lobón busca también testimonios que le exculpen. Y la nómina de testigos que ha llamado toca fibras muy sensibles.
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