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VALENCIA (EP/CP). La discoteca Coco Loco de la Playa de Gandia (Valencia) ha presentado una reclamación al Ayuntamiento de la localidad en la que solicita dos millones de indemnización, después de que el consistorio le retirara la licenciada de actividad como consecuencia del Plan de Usos de Primera Línea de Playa aprobado el pasado año.

El Ayuntamiento defienden la medida tomada en su momento, "por el ruido y problemas de seguridad que producía la discoteca". Se ha abierto un expediente de responsabilidad patrimonial para determinar si la empresa titular de Coco Loco tiene derecho o no a la indemnización.

El portavoz del Gobierno, Víctor Soler, durante la Junta de Gobierno celebrada este lunes en el Ayuntamiento, ha dado a conocer la reclamación interpuesta por la empresa Coco Loco de Gandia por la que solicita la anulación de la retirada de su licencia y una indemnización de dos millones de euros.

El gobierno municipal, por su parte, asegura que sigue adelante con su plan de actuación "para prohibir determinadas actividades en primera línea de la playa de Gandia que suponen una molestia para los vecinos residentes".

DOS MILLONES DE EUROS DE INDEMNIZACIÓN

Según ha explicado el portavoz del Gobierno, la discoteca Coco Loco tras la anulación de la licencia de actividad, derivada de la entrada en vigor de la modificación puntual del Plan General de Usos de Primera Línea de la Playa, ha reclamado la anulación y solicita dos millones de euros en concepto de indemnización.

"Ahora se inicia el expediente de responsabilidad patrimonial para determinar, más adelante, si la empresa tiene derecho o no a esa indemnización que solicita y, en su caso, la cantidad a recibir", ha manifestado el edil.

Soler ha señalado: "Somos un gobierno valiente que toma decisiones; un gobierno que no se casa con nadie y que resuelve los problemas sin dejar que éstos vayan creciendo". En este caso, ha añadido, "tenemos un ejemplo del trabajo del actual Gobierno que "demuestra que un Ayuntamiento debe velar por el interés público y nunca por el interés particular".

En el caso en cuestión, según ha destacado Soler, "se ha clausurado una actividad molesta para los vecinos y se ha ordenado un problema heredado de seguridad y convivencia que otros gobiernos dejaron en gangrenados".