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VALENCIA (EP). El presidente de Cámara Valencia y expresidente de Umivale, José Vicente Morata, ha reiterado su inocencia en la causa en la que está imputado por un delito contra la Hacienda Pública y Seguridad Social, y ha afirmado que "no hay ningún hecho relevante que sea delictivo ni sospechoso" en Umivale.
Morata se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación en su intervención en el 'Forum Europa. Tribuna Mediterránea', al ser preguntado por la causa abierta en un juzgado de Valencia por un delito contra la Hacienda Pública y Seguridad Social en relación con una denuncia de tres personas relacionadas con la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (Umivale), cuya presidencia ostentó Morata hasta octubre de 2012.
Al respecto, Morata ha afirmado que Umivale --personada en el procedimiento-- ya hizo público que "no había nada sospechoso ni delictivo en los hechos denunciados", y ha agregado: "soy inocente de todo aquello que hay en la denuncia, y seguro que a medida que se resuelva el proceso, quedará claro". "Lo ha dicho Umivale --ha añadido-- y respecto a mí no es verdad. Lo que tenga que decir como imputado, lo tendré que hacer ante el juez", ha apostillado.
En estos momentos, ha proseguido Morata, "estamos viviendo una situación de crispación generalizada", y ha aseverado que no va a entrar en el motivo por el que tres personas --dos extrabajadores y un exproveedor de Umivale-- pusieron la denuncia.
A su juicio, "ha quedado muy claro que la posición de Umivale es que no hay ningún hecho relevante que sea delictivo ni sospechoso, y no hay mas, tenemos la justicia", y ha apostillado: "es una situación desagradable, pero aquí estamos para que quede claro la inocencia mía y las actuaciones".
La denuncia que investiga el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Quart de Poblet (Valencia) está interpuesta contra Morata, Pilar Soriano --directora general en Umivale prevención-- y Héctor Blasco, director-gerente de la mutua. En ella se asegura que hubo un desvío de fondos de la mutua hacia clínicas concertadas o a una sociedad privada.
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