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CASTELLÓN (EP). El juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha imputado a la interventora y al secretario general de la Diputación de Castellón en la causa abierta por presuntos delitos de prevaricación, fraudes y exacciones ilegales mediante la asignación a municipios de entradas para la Corrida de la Beneficencia.

Se trata de María Isabel Gil de Grados --interventora-- y de Manuel Pesudo Esteve --secretario--, quienes tendrán que declarar como imputados ante el juez el próximo 30 de mayo, a las 10 y a las 12 respectivamente, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Así mismo, el magistrado ha citado a un testigo para el 3 de junio.

Estas citaciones se producen después de las declaraciones efectuadas por el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, y su vicepresidente y que ocupó este cargo de forma accidental en 2010 y 2011, Francisco Martínez, como imputados, ante el juez.

El ministerio público acordó abrir diligencias de investigación penal por este asunto en junio de 2013, después recibir la documentación perteneciente a la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia, cuya sentencia de 22 de mayo de 2013 acordaba deducir testimonio de particulares y remitirlos a la Fiscalía al entender que existían indicios de prevaricación y malversación en la actuación de la Diputación por la organización de ese festejo en 2010 y 2011 en relación con entradas adjudicadas al Ayuntamiento de Vila-real sin contrato y cuyo valor fue sometido a compensación.

La Fiscalía decidió solicitar a la Diputación información sobre el funcionamiento de la Escuela Taurina y ayuntamientos que hubieran recibido entradas para dichas Corridas de la Beneficencia, así como recibir declaración del alcalde de Vila-real en calidad de testigo, entre otros.

Según la documentación aportada y las declaraciones practicadas, la Corrida de la Beneficiencia de los años 2010 y 2011 fue organizada y gestionada directamente por la Diputación de Castellón, puesto que la Escuela Taurina se limitó a aspectos puramente taurinos, siendo un simple intermediario en la gestión económica.

Dicha corrida, según la Fiscalía, consistía en festejos taurinos con una corrida de toros y una novillada sin picadores organizados por la Diputación para, una vez deducidos los gastos, obtener un remanente con destino a obras sociales. El coste ascendió a 156.884,23 euros en 2010 y a 179.012,11 euros en 2011.

Así mismo, las resoluciones y propuestas sobre los precios previstos para las entradas, calculadas en función de los gastos y los beneficios pretendidos, las adoptaron y firmaron Carlos Fabra y Francisco Martínez.

De esta forma, en esos años, y para evitar que la Corrida de la Beneficencia fuera deficitaria, con una decisión no documentada tomada por Fabra y Martínez, se adjudicó un determinado número de entradas a municipios de la provincia "sin que mediase ningún tipo de solicitud por escrito, ni contratación, ni convenio entre la Diputación Provincial y los determinados ayuntamientos", mantiene el fiscal.

Con estas cantidades, la Diputación se aseguraba los ingresos necesarios para sufragar los gastos y cuyo pago, caso de no efectuarse por los ayuntamientos, se compensaba con deudas que éstos tuvieran con la institución provincial.

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