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VALENCIA (EP). El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de la localidad valenciana de Quart de Poblet ha citado a declarar como imputado al presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, y dos personas más, en una causa abierta por un delito contra la Hacienda Pública y Seguridad Social en relación una una denuncia de tres personas relacionadas con la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (Umivale), cuya presidencia ostentó Morata hasta octubre de 2012. Dos de los denunciantes son extrabajadores de la mutua.
Así consta en una resolución, de fecha 24 de marzo, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, contra la que cabe recurso de reforma en el plazo de tres días. En la providencia, la magistrada acuerda tomar declaración como imputados a Morata, Pilar Soriano --directora general en Umivale prevención-- y Héctor Blasco, director-gerente de la mutua, y fija la comparecencia para el 11 de junio a las 10.00 horas.
Asimismo, acuerda tomar declaración a los tres denunciantes --dos extrabajadores y un tercero relacionando con Umivale-- para lo que señala el 26 de mayo a las 11.00 horas. La magistrada requiere a la Clínica Virgen del Consuelo que informe si el presidente de la Cámara de Valencia fue intervenido por cirugía estética en este centro y quién pagó la operación.
Según informaciones publicadas, en este caso hubo una primera investigación que se archivó en 2012 y ahora se ha reabierto el caso a raíz de una nueva denuncia, en la que se asegura que hubo un desvío de fondos de la mutua hacia clínicas concertadas o a una sociedad privada.
En un auto de este mismo día, la magistrada deniega la entrada y registro de la sede de Umivale, que uno de los denunciantes había reclamado, y rechaza también la detención de las personas contra las que dirigió la denuncia. La parte denunciante alegaba que se había trasladado a la sede de Umivale una destructora de papel "de grandes dimensiones" y que, por parte de personal de confianza, se habría procedido a la destrucción de "pruebas documentales" existentes.
Sin embargo, la jueza considera que en este momento "no existen indicios que justifiquen la adopción de la entrada y registro" ya que se exige la práctica de "las mínimas diligencias" de investigación para poder acceder a la petición.
En este sentido, recuerda que por el juzgado que estaba de guardia cuando se manifestó este hecho, se acordó pedir a la Policía Nacional que se dirigiera al domicilio de la empresa y consta un parte del este servicio en el que los agentes corroboraron que el lugar estaba cerrado y en el exterior había un vehículo "sin que se advirtiera indicio alguno de documentos".
VISIONADO DE IMÁGENES
No obstante, la jueza ha acordado remitir oficio a la Policía Nacional para intervenir y visionar las imágenes que se pudieran haber captado en el establecimiento los días 18 y 19 de marzo, de lo que deberán dar cuenta "inmediatamente" a esta instancia judicial, que rechaza declarar el secreto de las actuaciones.
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