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VALENCIA (EP). Una sentencia de la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) obliga al Consell a entregar a Compromís el informe de la Intervención General de la Generalitat sobre el 'caso Cooperación', por las ayudas de la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía a diferentes ONG.

En el fallo del tribunal, contra el que cabe recurso de casación, se imponen además las costas del proceso a la Generalitat Valenciana, según consta en el escrito que ha entregado el grupo Compromís. En este sentido, la portavoz adjunta de la coalición, Mónica Oltra, ha recordado que la información requerida era el informe que había solicitado el juzgado de instrucción número 21 de Valencia, que inicialmente instruyó el 'caso Cooperación', y por el que se llegó a investigar al exconseller José Manuel Vela por supuestamente filtrar el documento al exconseller Rafael Blasco, una causa que fue archivada.

Oltra, además, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de las Corts, ha celebrado que la sentencia "desmonta" el argumento del Gobierno valenciano de denegar la solicitud porque se trataba de un informe que estaba bajo actuación judicial y "para no interferir en el ejercicio de las funciones que corresponden, constitucionalmente, en exclusiva a los juzgados y tribunales", según señala el escrito.

La sala señala que el secreto sumarial "no significa, en modo alguno, que uno o varios elementos de la realidad social sean arrebatados a la libertad de información, en el doble sentido de derecho a informarse y derecho a informar", ya que entonces, "el mal entendido secreto sumarial equivaldría a crear una atípica e ilegítima materia reservada".

Asimismo, establece que el secreto sumarial "afectaría tan sólo si la petición de información lo fuera de documentos que forman parte del propio sumario y sólo de él". Sin embargo, lo que se solicita "preexistió al sumario", indica.

De esta manera, indica que "siendo el fundamento de la información solicitada el control parlamentario del Gobierno y la causa invocada en la negativa, carente de legitimidad", procede a declarar "la existencia de vulneración constitucional en la negativa a facilitar los datos solicitados por los demandantes".

Por otro lado, la sentencia considera "irrelevante" el argumento de que la demandante no haya seguido el procedimiento reglamentario en las Corts para solicitar la documentación. Al respecto, señala que lo que se está cuestionando no es sólo la negativa obtenida por los demandantes, sino la "trascendencia constitucional que la misma puede haber alcanzado y en la medida que es constante la jurisprudencia que no exige en este procedimiento especial el agotamiento de la vía administrativa".

La portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, por otro lado, ha recordado que el Gobierno valenciano se reitera en "seguir vulnerando el derecho" a información de los diputados y que con ésta son ya cinco las sentencias del TSJCV en este sentido contra el Consell, a la que hay que sumar una del Tribunal Supremo.

CONSELLERS "REINCIDENTES"

Oltra ha criticado que para el ejecutivo valenciano "es muy fácil pleitear con el dinero de los valencianos" y por eso propone que sean los consellers responsables "y reincidentes" en la denegación de información los que paguen las costas procesales que, según ha calculado, pueden ascender a cerca de 20.000 euros en los casos ya resueltos. Además, están pendientes de resolución otras siete causas por denegación de información, ha agregado.

En este sentido, ha señalado que los consellers "reincidentes" son el vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, con dos sentencias en contra; igual que la consellera de Educación, María José Català; y con una la de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana. Además, el de Sanidad, Manuel Llombart, tiene dos causas pendientes; el de Economía, Máximo Buch, una; otra Català y otras dos Císcar. "Si siguen así nos plantearemos un proceso penal por prevaricación", ha advertido Oltra.