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VALENCIA. La vehemencia con la que el presidente de la Generalitat y líder del PPCV, Alberto Fabra, se ha puesto manos a la obra en su misión de vaciar de imputados el grupo popular de Les Corts, contrasta con la ausencia de medidas respecto a otros dirigentes en situaciones similares.

Ese es el pensamiento en sectores del PP alicantino respecto a lo sucedido en el municipio de Orihuela, donde la presidenta local de la formación ‘popular', Pepa Ferrando, ha sido imputada por supuestas irregularidades en unas contrataciones relacionadas con Fitur en su etapa de concejal de Turismo entre 2008 y 2011.

Pepa Ferrando ha sido además la candidata a la alcaldía propuesta por el grupo en la moción de censura presentada meses atrás en el municipio y que no salió adelante. La presidenta local pertenece a la cuerda de la exalcaldesa Mónica Lorente, integrada en el sector zaplanista del PP.

Precisamente Lorente, quien se encuentra procesada por una adjudicación irregular en el municipio e imputada además en el caso Brugal, abandonó esta semana sus competencias en la Diputación de Alicante, aunque manteniendo su acta.

La situación del PP en Orihuela -hay varios imputados- preocupa a la dirección provincial y, especialmente, a los responsables políticos que mantuvieron enconadas disputadas con el sector zaplanista, dado que ven cómo la ‘línea roja' contra la corrupción que pregona Fabra parece no afectar, según recalcan, a los dirigentes más próximos a la corriente zaplanista y al secretario general del PPCV, Serafín Castellano. De hecho, la propia Ferrando aseguró días atrás tener el respaldo del presidente Fabra asegurando que no se impondrá "ninguna gestora" en la formación local.

En esta línea, los más críticos con esta permisividad recuerdan que Pepa Ferrando es, además de presidenta local del partido, miembro del Comité Ejecutivo Regional del PPCV. Según la doctrina aplicada por Fabra, apuntan, debería abandonar sus cargos orgánicos al encontrarse imputada y ponen como ejemplo el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, que se apartó de sus funciones en la presidencia local del partido al ser imputado en una pieza del caso Gürtel.