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CASTELLÓN (EP). El expresidente de la Diputación de Castellón y el PP provincial, Carlos Fabra, ha asegurado este lunes que "nunca" le advirtieron de "ninguna ilegalidad" en las actuaciones que se hicieron respecto al funcionamiento de la Corrida de la Beneficencia, así como que no hubo "ninguna imposición" a Ayuntamientos para que adquiriesen entradas.

Así se ha pronunciado Fabra ante los medios de comunicación tras finalizar su declaración como imputado en el juzgado de instrucción número cuatro de Castellón en unas diligencias en las que el juzgado de instrucción número cuatro investiga una presunta prevaricación en la gestión de la Corrida de la Beneficencia, como consecuencia de una querella presentada por la Fiscalía contra Fabra y el que fuera vicepresidente de la corporación, Francisco Martínez, igualmente citado para este lunes.

Carlos Fabra, que ha recordado que la corrida de la Beneficencia no es un "invento" suyo sino que se venía haciendo desde la época del PSOE, UCD y "si no recuerdo mal en la etapa predemocrática", ha apuntado que "nadie nunca en ninguna de las actuaciones que hemos tenido me ha advertido de ninguna ilegalidad en el funcionamiento" de este evento, "ni por parte de la secretaria general, ni de la Intervención ni de la Tesorería, ni tampoco me consta que a ningún ayuntamiento de la provincia sus técnicos municipales les hayan hecho alguna vez alguna advertencia de ilegalidad".

El exdirigente del PP, que ha estado declarando en el juzgado durante casi tres horas, ha manifestado que, a preguntas del fiscal --que es el que más tiempo se ha extendido en el interrogatorio-- ha declarado que no recordaba que en los años en que fue presidente de la Diputación se hubiera hecho nunca ningún compensación de duda por la Corrida.

Asimismo, ha afirmado que la decisión de compensación de la deuda con el Ayuntamiento de Vila-real la adoptó el equipo de Gobierno de la corporación provincial con el actual presidente, Javier Moliner, y ha instado a preguntarle "a él" por esta cuestión.

Compromís sostiene que, en este caso, se destinó al pago de entradas de la Beneficencia dinero consignado a obras y servicios de pequeños municipios de los Planes de Obras y Servicios de la institución provincial.