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VALENCIA (EP). El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Requena (Valencia) ha declarado fraudulenta la quiebra del hotel de Jalance por la que están procesadas en una causa penal paralela un total de 10 personas, entre ellas de dos exdirectivos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Enrique Pérez Boada y José Manuel Uncio.

Así consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el juez estima los escritos presentados por una mercantil y por dos exmiembros del consejo de la mercantil del hotel y declara fraudulenta la quiebra del hotel por incurrir en "irregularidades" contables y mercantiles.

El magistrado llega a esta calificación al estimar que el hotel no llevaba completamente los libros obligatorios de todo comerciante, indicados en el artículo 25 del Código de Comercio. A este respecto, agrega que no es un hecho controvertido la documentación "deficiente" contable aportada y la "falta de credibilidad suficiente".

"Ha de manifestarse que el incumplimiento del deber de llevanza de libros en detrimento de la veracidad material de la contabilidad asentada sobre principios de fidelidad, claridad, unidad y continuidad, en la medida que no permite deducir de ella cuál es la verdadera situación económica del comerciante, constituye el supuesto del artículo 891.3 del Código del Comercio, reputándose la quiebra como fraudulenta".

En este caso --agrega el juez--, la documentación entregada por el hotel "no reúne los requisitos y condiciones" exigidas en el artículo 25 en relación con el 27 del Código de comercio, y el artículo 329 del Reglamento del Registro Mercantil.

El quebrado, por tanto, no destruyó la presunción 'iuris tantum' establecida legalmente en relación con la calificación de fraudulenta de la quiebra "al no constar la preexistencia de los libros o documentos, ni su desaparición y causa de la misma, y tampoco que aquélla no sea imputable al quebrado, quien está obligado a conservar los libros", apostilla.

CAUSA PENAL

Esta resolución se suma a la causa penal abierta en paralelo en la Audiencia de Valencia, en la que hay 10 personas procesadas, entre ellas Enrique Pérez Boada y José Manuel Uncio, por presunta prevaricación y otros delitos relacionados con la tramitación para la construcción y gestión del hotel de Jalance.

En total, en este procedimiento figuran como imputados Pérez Boada; Uncio; el que fuera director del área de Inversiones Crediticias del IVF, Enrique Benede; el exalcalde de Jalance, Ángel Abed Navarro Navarro; el expresidente del Consejo de Administración, Joaquín Boil, y el exconsejero delegado de la mercantil Hotel del Valle Jalance S.L., Pedro López; el administrador de la entidad, Joaquín Miguel Boil; y otras tres personas más.

Los hechos investigados en esta causa penal están relacionados con la gestión y la concesión de un préstamo, por parte del IVF y de una entidad bancaria, para construir un hotel en Jalance. Al respecto, los querellantes, Asunción Boscá y José Rafael Martínez, exmiembros del consejo de la mercantil del hotel, alegaron que se habían producido irregularidades con la ejecución del préstamo. Como consecuencia, se tuvo que recurrir a la solicitud de expediente de suspensión de pagos, favoreciendo y acelerando la descapitalización e insolvencia de la mercantil.

De esta forma, se dejó de atender pagos a acreedores ordinarios y preferentes, incluidas deudas laborales, créditos con entidades financieras, obligaciones tributarias y de Seguridad Social, causando perjuicios concretos a los querellantes que vieron subastados bienes por importe de 21.350 euros, al ser avalistas de la sociedad.

Asimismo, se desatendieron las obligaciones fiscales, pagos de IVA, pagos fraccionados, Impuesto de Sociedades, y dejaron de presentar en los ejercicios 2001, 2002 y 2003 declaraciones fiscales y cuentas anuales ante el Registro Mercantil. El 13 de noviembre de 2003 llegó a presentar solicitud de quiebra voluntaria, que ahora el juez ha declarado fraudulenta.

Para los dos exdirectores del IVF, la acusación particular --que representa a los querellantes-- solicita 15 años de cárcel y 12 de inhabilitación; mientras que para el ex director de inversiones de esta entidad pide dos años de cárcel y otros dos de inhabilitación. Por su parte, reclama para el exalcalde de Jalance la pena de 46 años y siete meses de cárcel, además de 12 años de inhabilitación para cargo público; y respecto a los miembros de la sociedad, pide desde un mínimo de 46 años y tres meses de cárcel, hasta 59 años y siete meses. Para los otros tres acusados en el procedimiento, que celebraron su boda en el hotel, reclama entre 10 y 12 años de prisión.