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VALENCIA. La capacidad fiscal de las comunidades autónomas quedará notablemente mermada de aplicarse las directrices del grupo de expertos que ha elaborado para el Gobierno un informe sobre los impuestos en España que incluye 125 propuestas para su modificación. El informe, que fue presentado este viernes por el presidente del grupo, el economista Manuel Lagares, sigue una línea general en la que pone en duda que las autonomías tengan capacidad normativa en materia fiscal por los efectos de distorsión que puede crear entre territorios.
El texto recorre, a lo largo de más de 440 páginas, toda la normativa fiscal española, tanto la exclusiva del Estado, como los impuestos cedidos a las comunidades y los que cada territorio ha implantado como tributos propios. La conclusión es que, lejos de tender a una descentralización de la capacidad normativa fiscal, la reforma fiscal que prepara el Gobierno debería introducir criterios uniformizadores -con límites a los gravámenes que las regiones pueden aplicar- y prácticamente desmonta los principales impuestos que actualmente tienen cedidos las autonomías.
En el caso de la Comunitat Valenciana, el impacto de las recomendaciones, de aplicarse en su totalidad, superaría los 400 millones de euros en una primera estimación, lo que supone más del 15% del total de los ingresos fiscales propios de la Generalitat previstos para el ejercicio en vigor.
De la corta lista de impuestos que gestiona directamente el Consell, prácticamente ninguno se mantendría en los términos actuales. Los dos que sufrirían un mayor impacto serían el impuesto sobre el Patrimonio, que es un impuesto estatal cedido a las autonomías, y el impuesto sobre los depósitos de entidades financieras, un gravamen de nueva aplicación en la Comunitat Valenciana y que es propio de la Generalitat. Ambos desaparecerían.
El primero, que está vigente en todo el territorio nacional, supone unos ingresos para la Generalitat de 130 millones de euros. El segundo, que es nuevo de este año y solo lo aplican algunas autonomías, tiene previstos unos ingresos de 230 millones de euros.
El informe también prevé suprimir todos los impuestos medioamientales que tienen las comunidades autónomas. La Generalitat empezó a aplicar estos gravámenes hace un par de ejercicios. Su desaparición tendría un efecto limitado, ya que la previsión de ingresos es de 31 millones.
EL RESTO, SE MODIFICARÍA
Más incierto sería el impacto en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el gravamen por el que más ingresa la Generalitat. El informe propone la supresión parcial de forma gradual de transmisiones. Además, propone modificaciones en su escala para unificar las bases impositivas de todos los territorios. Por este concepto la Generalitat prevé recaudar este año 1.031 millones.
El otro gran impuesto cedido, el de sucesiones y donaciones, también sufriría modificaciones relevantes (se propone incluso su supresión, pero se asume que hacerlo golpearía las cuentas públicas). Por este epígrafe fiscal la Generalitat ingresará este año 236 millones.
Solo queda indemne la tasa sobre el juego, el impuesto propio más veterano de los gestiona el Consell. Aunque se matizan las desgravaciones que se aplican, los escasos 9 millones de euros que se han presupuestado hacen que el impacto de la reforma sea muy limitado para las arcas de la Generalitat.
SI QUIEREN RECAUDAR MÁS, QUE APLIQUEN COPAGO
La comisión de expertos sobre la reforma tributaria considera que se debería conceder una mayor capacidad normativa a las comunidades autónomas "para establecer sistemas de copago en los servicios públicos de su competencia" y así mejorar la capacidad de financiación de esos servicios.
Según la propuesta de los expertos, entregada al Gobierno y presentada hoy en rueda de prensa, la comisión recomienda una "cuidadosa valoración de las facultades normativas cedidas o que se cedan en el futuro a las autonomías y una mejora sustancial de la imposición sobre bienes inmuebles".
Los expertos subrayan que la descentralización de impuestos implica "inevitablemente" su diferenciación entre las distintas comunidades, lo que puede provocar "perturbaciones en la unidad del mercado interior e, incluso, en las conductas de los contribuyentes" lo que puede, finalmente, redundar en "rupturas importantes del principio de neutralidad fiscal".
La comisión analiza que esa descentralización resulta "óptima" cuando los bienes gravados carecen de movilidad -como ocurre con los inmuebles- pero resulta "ineficiente", cuando se aplica sobre bienes de alta movilidad.
Por ello, la comisión insiste en ser muy exigentes a la hora de valorar las facultades normativas de las autonomías.
En el caso del IRPF, los expertos calculan que la actual cesión del 50 % "parece adecuada", mientras que en el caso de los impuestos medioambientales consideran que "no están efectivamente justificados" y, además, generan "una notable dispersión legislativa con consecuencias negativas para la unidad de mercado interior y la neutralidad".
En cuanto a la gestión impositiva, los expertos sostienen que existen "argumentos sólidos" para mantener un grado importante de centralización "sin perjuicio de los mecanismos de copartición establecidos o que puedan establecerse".
También plantean más coordinación respecto a la capacidad de las comunidades para establecer nuevos impuestos propios y diseñar un procedimiento que permita juzgar dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "si los nuevos tributos propuestos están ya gravados por el Gobierno central, si afectan a la libre circulación de personas, mercancías, servicios o capitales y si obstaculizan las transacciones".
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