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VALENCIA. La Abogacía de la Generalitat valenciana, quien ejerce de acusación particular en el 'caso Cooperación', ha acusado al ex conseller de Solidaridad y actual diputado no adscrito en las Cortes, Rafael Blasco, de aprobar ayudas a la Fundación Cyes "a sabiendas de su injusticia" y de forma "claramente arbitraria", y ha criticado sus "presiones" y "ataques" a los funcionarios.
La abogada de la Generalitat se ha pronunciado así en el turno de conclusiones durante el juicio por la primera pieza del 'caso Cooperación', en la que se investigan presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta conselleria a la Fundación Cyes en el año 2008, que recibió 1,6 millones de euros para dos proyectos en Nicaragua, de los que solo llegaron a su destino 43.000 euros, puesto que el resto se destinó a la compra de inmuebles en Valencia y al pago de unos 400.000 euros a una mercantil de Tauroni.
Previamente, esta parte ha elevado a definitiva la pena de 11 años y medio de prisión y de 31 de inhabilitación que solicita para Rafael Blasco por un delito de tráfico de influencias y otro continuado de falsedad en documento oficial, ambos en concurso con un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos. También le reclama el pago de una multa de 4.500 euros.
La Abogacía pide la misma pena tanto para Blasco como para la ex secretaria general de la conselleria Tina Sanjuán; y otras más rebajadas para el ex subsecretario Alexandre Catalá, con 10 años y medio de cárcel, 28 de inhabilitación y una multa de 4.500 euros; para el ex director general Josep María Felip, con ocho años y tres meses; 26 de inhabilitación y 2.100 euros; para el empresario Augusto César Tauroni, con ocho años de cárcel y 18 de inhabilitación; para el ex jefe de servicio Marc Llinares, con seis de prisión y 15 de inhabilitación; para el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, y su pareja y empleada de la entidad, Josefa Cervera, cinco años de cárcel y el pago de una multa de seis millones para cada uno; y, por último, para el ex jefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis, solicita cuatro años y medio de cárcel, cuatro de inhabilitación y 4.500 euros.
Durante la lectura de su informe, la Abogacía se ha sumado a los razonamientos expuestos por el ministerio fiscal, y ha destacado que existía una relación previa, al menos desde 2002, entre Blasco y Tauroni, y ha señalado que el ex conseller, dentro de la Administración, "tenía influencia e incidía en los intereses de las entidades de Tauroni". "Y esto era fruto de preocupación", ha apuntado.
En esta línea, ha nombrado la reunión que mantuvo Blasco con los técnicos que no querían aprobar las ayudas a la Fundación Cyes por la falta de experiencia y de concurrencia con una ONG en red, y ha destacado que, en base a las declaraciones "creíbles, coincidentes y razonables" de los técnicos, "es evidente la presión a la que les sometió Blasco", y ha criticado el "claro ataque" que les hizo el ex conseller a su profesionalidad.
Pese a estas desaveniencias con los técnicos, ha expuesto que Blasco firmó la resolución por la que se aprobaban las ayudas a la Fundación Cyes, "a sabiendas de su injusticia" y de que era "claramente arbitraria".
"Hace una interpretación de la norma, que tiene un plus de antipublicidad suficiente para justificar los tipos delictivos que recojo en mi informe", advierte. Cuando el caso llegó a los medios de comunicación, ha explicado que "se adoptó una respuesta política para cubrir apariencia de legalidad. Y eso preocupa".
En ese momento, y también antes, "se podría haber estudiado la revocación o el reintegro de las ayudas, pero nunca se dieron órdenes para ello, si no todo lo contrario". "Se intentó dar documentos con un afán de transparencia, pero surgieron limitaciones de todo tipo y manipulación de expedientes".
LA ABOGACÍA DEFIENDE SU PAPEL EN EL CASO
La abogada de la Generalitat, por otro lado, ha defendido en las cuestiones previas que esta parte no ha quedado contaminada por haber ejercido inicialmente como defensa de algunos acusados, y posteriormente como acusación. Y se refiere a dos asistencias letradas que prestó a Felip y a Català.
Al respecto, ha matizado que "en ningún momento" se ha violado lo previsto en la ley, porque la Abogacía no recibió informaciones en relación con las defensas de Català y Felip que hayan incidido en los interrogatorios o en los escritos de acusación.
Sobre Català, ha indicado que solo se le prestó una defensa jurídico-material para un día, y ahí señaló que su actuación había sido ajustada a derecho.
En relación con Felip, ha agregado que se le asistió por la tramitación del expediente ante el Tribunal de Cuentas, "en un proceso que era unas diligencias preliminares y en las que no se dirigía actuación contra ninguna persona en particular", ha apostillado. Así mismo, ha defendido la legalidad de las intervenciones telefónicas y la imparcialidad de los jueces.
PETICIÓN DE LA ACUSACIÓN POPULAR
Por su parte, José Antonio Penadés, padre del único niño haitiano adoptado en la Comunidad, y acusación popular en el caso, ha comenzado su intervención desmintiendo unas declaraciones que Blasco hizo en el juicio, cuando afirmó que hasta que él llegó a la conselleria, casi todas las subvenciones se daban a dedo: "eso no era así", ha puntualizado, y ha ofrecido datos al respecto.
Esta parte, quien solicita una pena de 13 años de prisión para Blasco y Tauroni, ha ido desgranando todos los "incumplimientos" en la concesión de las ayudas a la Fundación Cyes, tales como la experiencia previa y la concurrencia en red, así como las "presiones" del ex conseller a los técnicos y funcionarios y sus "reacciones coléricas". Además, ha puesto de manifiesto la relación de "amistad" entre éste y Tauroni.
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