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VALENCIA (EP). Fiscalía Anticorrupción de Valencia ha elevado a definitiva su petición de 14 años de cárcel y 33 de inhabilitación para el exconseller de Solidaridad y actual diputado No Adscrito en las Corts Rafael Blasco por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y como inductor del delito de falsificación documental, en la pieza del 'caso Cooperación' relativa a las ayudas a la Fundación Cyes.

El fiscal Vicente Torres se ha pronunciado así en el primer día de conclusiones y lectura de informes en el juicio por la primera pieza del 'caso Cooperación', en la que se investigan presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta conselleria a la Fundación Cyes en el año 2008, que recibió 1,6 millones de euros para dos proyectos en Nicaragua, de los que solo llegaron a su destino 43.000 euros, puesto que el resto se destinó a la compra de inmuebles en Valencia y al pago de unos 400.000 euros a una mercantil del considerado presunto cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni.

Así mismo, el fiscal ha elevado a definitivas sus acusaciones contra los otros ocho acusados más en este procedimiento: Tauroni; el que fuera subsecretario de la conselleria, Alexandre Català; el exdirector general, Josep María Felip; el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares; el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis; la ex secretaria general de Cooperación, Tina Sanjuán; el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; y una trabajadora de esta fundación y pareja de este último, Josefa Cervera Tomás.

La solicitud de pena más alta de prisión es para Blasco, con 14 años; a él le siguen Tina Sanjuán, para la que el ministerio público solicita 13 años y medio, 32 de inhabilitación y una multa de 14.400 euros; Català, con 13 años, 30 de inhabilitación y 21.600 euros; Tauroni, con 11 años de cárcel, 21 de inhabilitación y el pago de la misma cantidad; Felip, con 10 años de prisión, 27 de inhabilitación y una multa de 10.800 euros; Llinares, con ocho de prisión y 18 de inhabilitación; Llopis, con seis de prisión, seis de inhabilitación y una multa de 10.800 euros; y, por último, Marcial López y Josefa Cervera, para los que Fiscalía reclama cuatro años de cárcel, y el pago de una multa --para cada uno-- de seis millones de euros.

En cuanto a la responsabilidad civil, los fiscales del caso --Jesús Carrasco y Vicente Torres-- solicitan que López, Cervera y Tauroni indemnicen conjunta y solidariamente a la Generalitat Valenciana con la cantidad presuntamente defraudada en esta pieza, que asciende a 1.784.840,04.