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VALENCIA (EP). El juicio por la primera pieza del 'caso Cooperación', en la que se juzgan presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta Conselleria de Solidaridad a la Fundación Cyes en 2008, encara esta semana su fase final con la lectura de informes tras 28 intensas sesiones en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El tribunal de la causa, presidido por Pilar de la Oliva, ha reservado inicialmente el martes, jueves y viernes de la próxima semana --en sesiones de mañana y tarde-- para que las partes, acusaciones y defensas, expongan sus informes definitivos y el caso quede visto para sentencia. Sin embargo, no se descarta que tenga que habilitarse algún día más, dependiendo de la extensión de los informes.

El juicio afronta de esta manera su recta final después de 28 sesiones en el TSJCV y tras la declaración de unos 40 testigos --varios de ellos por videoconferencia desde EEUU-- y peritos. Inicialmente estaba previsto el interrogatorio a 63 testigos, pero la cifra se ha reducido notablemente puesto que las partes han renunciado a sus citaciones. Uno de los testigos a los que se renunció fue al exconseller de Justicia y actual fiscal de la Audiencia de Valencia Jorge Cabré.

La vista, fruto de dos años y medio de investigación judicial que comenzó en un juzgado ordinario de Valencia, arrancó el 7 de enero, nada más pasar las Navidades, con nueve acusados: el exconseller y actual diputado No Adscrito en las Corts Rafael Blasco; el empresario, actualmente en prisión, Augusto César Tauroni; el que fuera subsecretario de la Conselleria, Alexandre Catalá; el exdirector general, Josep María Felip; el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares; el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis; la ex secretaria general de Cooperación, Tina Sanjuán; el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; y una trabajadora de esta fundación y pareja suya, Josefa Cervera.

Todos ellos intervinieron --según el fiscal--, de alguna manera, en el presunto fraude de las subvenciones, por las que la Fundación Cyes recibió alrededor de 1,6 millones de euros para dos proyectos de abastecimiento de agua en Nicaragua, de los que solo llegaron a su destino 43.000 euros, puesto que el resto se destinó a la compra de cuatro inmuebles en Valencia --tres pisos y un garaje-- y a pagar unos 400.000 euros a una empresa propiedad de Tauroni por trabajos de asesoramiento --Fiscalía contempla que esta cantidad era el 25 por ciento de la comisión que le requería por mediar para que la entidad fuera la beneficiaria de las ayudas--.

Sin embargo, los nueve acusados han negado su participación en ningún fraude, también Tauroni, quien se encuentra en prisión provisional por esta causa desde su origen, ante el posible riesgo de fuga, ya que en alguna ocasión ha mostrado su intención de irse a vivir a EEUU, y por los negocios que mantenía allí.

NO ES ROGER RABBIT

En concreto, Tauroni --quien en cada sesión es trasladado en un furgón policial desde la prisión de Picassent hasta el TSJCV--, en su declaración en el juicio negó haber pagado dinero a Blasco y afirmó que éste tampoco le había dado nunca información interna o privilegiada sobre concursos. Así mismo, negó que llamara a Blasco 'Conill' o 'Roger Rabbit' --tal y como sí mantiene la Policía en sus informes--.

Por su parte, Rafael Blasco, quien se enfrenta a 14 años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y falsificación documental, también se defendió de todas las acusaciones y afirmó que él no era el garante del dinero de las subvenciones otorgadas por la extinta conselleria, al tiempo que negó haber mantenido una relación de amistad o de confianza con Tauroni.

Algunas de las testificales más duras contra Blasco fueron las de cuatro técnicos de la extinta conselleria que mostraron su rechazo a tramitar el acta de ayudas con la Fundación Cyes. Éstos afirmaron que el exconseller se "enfadaba" cuando se oponían y les llegó a decir que tenían que "confiar" en él, porque sabía que la entidad tenía "acreditada" la experiencia previa, requisito del que, sin embargo, según han declarado los peritos, no había constancia. Ni de la ONG en red, otra de las condiciones para poder optar a las subvenciones.

LA BECARIA Y LOS POZOS

Por otro lado, una de las declaraciones más esperadas en el juicio fue la de Victoria Vila, becaria que viajó hasta Nicaragua para supervisar los dos proyectos adjudicados a la fundación. En su testifical afirmó que cuando llegó allí solo había dos pozos "de los que salía muy poca agua", pero nada de paneles solares ni de ningún tipo de mecanismo complejo "ni nada". Y aportó diferentes fotografías de los pozos que también fueron incorporadas a la causa.

El broche final a las testificales lo puso este viernes el interventor del Estado Joaquín Falomir, quien repasó una a una todas las "irregularidades" cometidas con la adjudicación y tramitación de estas subvenciones, e insistió en que los cuatro inmuebles adquiridos por la Fundación Cyes se pagaron con las ayudas de Solidaridad, porque la entidad no disponía de otros fondos para ello.

La próxima semana, las partes expondrán sus conclusiones definitivas, y el caso quedará visto para sentencia. El tribunal que debe redactarla, es el mismo que dos semanas más tarde tendrá que comenzar el juicio --salvo cambios de última hora-- por la pieza 3 del 'caso Gürtel', en la que se investigan supuestas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009. No hay fecha límite para dictar sentencia.