Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• Economía incumple con Unión Gremial el criterio que aplicó para excluir a Anged del Observatorio
• El 'problema valenciano' se cuela en Madrid
• A quién le sube y a quién le baja los impuestos Joan Ribó

VALENCIA. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) es actualmente la entidad financiera privada a la que la Generalitat adeuda más dinero: concretamente, 1.710 millones de euros en total. Así lo refleja el propio conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el grupo socialista de Les Corts.

El diputado Julián López (PSPV-PSOE) solicitó meses atrás conocer la deuda contraída por la Administración autonómica y las empresas públicas con las distintas entidades financieras. La respuesta del conseller, fechada el pasado 17 de febrero, refleja que la Generalitat y su sector público deben dinero a, al menos, 41 entidades por un montante total de 14.412 millones de euros.

Cabe recordar que la deuda de la Generalitat se sitúa actualmente en torno a 30.000 millones de euros. A las citadas obligaciones financieras con entidades privadas hay que sumar el préstamo de más de 13.000 millones recibidos en los últimos años en forma de Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y Plan de Proveedores así como algunas emisiones vivas de deuda realizadas por la Generalitat y que aún están vivas.

Al margen de la deuda contraída con el Banco Europeo de Inversiones de 3.611 millones de euros y con el Instituto de Crédito Oficial de 2.972 millones de euros, la Generalitat tiene compromisos millonarios con los principales bancos nacionales y con un buen puñado de entidades europeas. 

Tras el BBVA, el siguiente en la lista de acreedores es Caixabank, a la que el Gobierno valenciano debe 1.029 millones de euros, 823 por parte de la Administración General y más de 600 desde el sector público. El quinto en esta particular clasificación es el Banco Sabadell, al que la Generalitat adeuda 700 millones de euros, los mismos que Dexia Sabadell, entidad franco-belga anteriormente participada por el banco catalán y especializada en financiar infraestructuras.

El siguiente banco en el tamaño de deuda contraída de la Generalitat es Bankia, a quien el Gobierno valenciano debe 613 millones de euros. Tras este, figura el todopoderoso Banco Santander, a quien el Consell tiene por pagar 552 millones de euros.

Aparecen a renglón seguido dos entidades alemanas, FMS Wertmanagement y Landesbank Hessen-Turingen Girozentrale, a la que la Generalitat adeuda 300 millones de euros y 228 respectivamente. Entre los extranjeros, los bancos alemanes son los principales acreedores de la Generalitat, aunque también se debe dinero a entidades inglesas, francesas, belgas y austríacas. Estos bancos internacionales están especializados en financiar al sector público. Muchos de ellos tienen segmentos de actividad concretos, como las infraestructuras, la sanidad o formas de pago como el confirming.

La deuda en forma de préstamos que tiene contraída la Genralitat no ha tenido como destino fundamental el gasto ordinario, ya que el déficit se suele financiar con emisiones de deuda en el mercado mayorista. Tomar dinero prestado de bancos es más común en empresas públicas. De hecho, muchos de los bancos alemanes que aparecen en la relación financiaron la multimillonaria deuda que acumuló Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), por ejemplo.  

En todo caso, en los últimos años y con las fuertes tensiones de tesorería que ha tenido que soportar la Generalitat y antes de que se pusiera en marcha el FLA, el Consell recurrió a préstamos a corto plazo para poder pagar nóminas o devolver otros préstamos. En teoría esos créditos han pasado a la cuenta de deuda con el Estado, que es el mayor acreedor de la Generalitat, mediante el FLA.

En la respuesta parlamentaria, la Conselleria de Hacienda no ha incluido los vencimientos de cada uno de los préstamos. En todo caso, en varios créditos se firmaron en la etapa de Eduardo Zaplana como presidente de la Generalitat, cuando llegó a firmar préstamos que se tendrán que pagar dentro de dos o tres décadas.