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VALENCIA. Desde hace varios meses, no se produce una rueda de prensa del pleno del Consell en la que se exponga o presente algún asunto novedoso de la mano de un miembro del Gobierno valenciano que preside Alberto Fabra. No hay aire fresco, ni grandes titulares que informen de alguna idea brillante por parte de algún responsable del Ejecutivo que dé un paso al frente y que permita el lucimiento del jefe del Consell.

De hecho, las últimas iniciativas del Gobierno valenciano, tales como la reivindicación de las señas de identidad conflicto incluido con la Acadèmia Valenciana de la Lengua (AVL), la reforma de la ley electoral o el paso al frente en materia de corrupción, pertenecen directamente al estratega de Fabra, el conseller de Justicia y secretario general del PPCV, Serafín Castellano, y a su propio entorno de Presidencia.

Así, según admiten fuentes de la Generalitat, los consellers gestionan su día a día pero viven a remolque de los tirones de Presidencia. Las estreches económicas han limitado, lógicamente, la acción de Gobierno, si bien esto no justifica el balance tan pobre de los últimos meses a la hora de propuestas que puedan resultar de interés para el gran público. "La misión de los miembros del Consell parece limitarse a acompañar al presidente cuando acude a dar una conferencia en Madrid al Club Siglo XXI", ironiza un alto cargo del Ejecutivo. Otros, son más benévolos con la situación actual del Ejecutivo, subrayando que las grandes medidas de la legislatura con vistas a la recuperación y a la austeridad ya se pusieron en marcha hace meses.

Con el escenario actual, los tres consellers con perfil más político prefieren evitar el protagonismo. La titular de Educación, María José Catalá, cuyo nombre se ha relacionado como futuro relevo de Fabra, trató de 'borrarse' públicamente este lunes en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea. "Estoy siempre al lado del proyecto político de Alberto Fabra. Miro hacia delante y no hacia arriba", sentenció. La consellera, quien ha tratado de pasar desapercibida en los últimos meses desde que aparecieron las informaciones que la presentaban como posible alternativa, se ha visto obligada a gestionar el conflicto con la AVL propiciado por la definición del valenciano del ente y azuzado por Presidencia.

Otra de las responsables autonómicas que ha sonado como opción de futuro -y tal vez por ello ha preferido la discreción en los últimos tiempos-, es la consellera de Infraestructuras y secretaria general del PP de Castellón, Isabel Bonig. Su cartera, especialmente afectada por las carencias presupuestarias, tampoco está siendo un lugar donde encontrar novedades y hay que retroceder varios meses para encontrar una comparecencia de relevancia de la titular de este departamento en una rueda de prensa del pleno del Consell junto al vicepresidente del Ejecutivo, José Císcar. Precisamente el número dos de Fabra en el Gobierno tampoco está teniendo un papel tan relevante como al inicio de la legislatura, si bien en su caso se debe a un adelgazamiento de su poder forzado desde Presidencia de la Generalitat. 

Por otro lado, dos de los consellers más cercanos a Fabra, el responsable de Economía, Máximo Buch, y el titular de Sanidad, Manuel Llombart, tampoco terminan de lucirse. El plan de Empleo en combinación con otras instituciones no acaba de arrancar, procesos como el de la externalización de Cacsa -desprendimientos de trencadís aparte- siguen estancados y el proyecto de estrategia industrial todavía se encuentra en vías de aplicación, por citar algunos ejemplos dependientes de Economía. En cuanto a Llombart, tras paralizar la profundización en la privatización sanitaria que había intentado su predecesor Luis Rosado, se encuentra centrado en el día a día de la difícil gestión sanitaria y en el control de la externalización de servicios no sanitarios por lotes mayores para lograr mejor precio.

Asunción Sánchez Zaplana, consellera de Bienestar Social, presenta un perfil público muy bajo. Hace unas semanas compareció en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell y el comentario más repetido entre los periodistas habituales de ese encuentro con Císcar fue que era la primera ocasión que le escuchaban. Los impagos a los dependientes o los recortes en algunas ayudas la han llevado a las noticias. Más allá, no consta una iniciativa en positivo de esta consellera.

El único que escapa a esta atonía general es Juan Carlos Moragues. Con un equipo que ha seleccionado entre profesionales de su confianza, Moragues ha desarrollado un trabajo silencioso de negociación constante con el Ministerio de Hacienda. Aunque no ha conseguido aún los objetivos fundamentales -el control del déficit y un mejor sistema de financiación- el conseller ha conseguido poner un cierto orden en las cuentas a sabiendas de la imposibilidad de hacer milagros. Aunque con asistencia del Gobierno central, Moragues ha sacado adelante los planes de pago a proveedores e incluso ha adoptado medidas impopulares como una tímida subida de impuestos o la tasa a la banca.

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