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VALENCIA (EP/VP). El magistrado de la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) Antonio Ferrer ha abierto juicio oral contra el exalcalde de Alicante y diputado del PP en las Corts Valencianes, Luis Díaz Alperi, por tres delitos contra la Hacienda Pública y cohecho impropio al considerar que existen indicios de que pudiera haber cometido fraude en los años 2007, 2008 y 2010 en el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en una cuantía que excede en cada ejercicio los 120.000 euros, para lo que se podría haber valido de personas interpuestas.
El exalcalde de Alicante, que todavía retiene su escaño en Les Corts, deberá abandonar el mismo si se atiende a las últimas declaraciones del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, quien manifestó días atrás que si los 'populares' procesados no dejaban su acta, serían apartados del grupo parlamentario popular.
Junto a Alperi, el tribunal valenciano también abre juicio oral contra tres empresarios -Antonio M.R., Antonio S.Y., y Javier P.L.- por estos mismos delitos, según consta en un extracto de la resolución facilitada por el TSJCV. Se determina como órgano jurisdiccionalmente competente para el enjuiciamiento y fallo de la causa a la Sala de lo Civil y Penal del tribunal.
Así mismo, en la citada resolución, el tribunal requiere a Luis Díaz Alperi, Antonio M.R., y a Antonio S.Y. que presten una fianza o garanticen a través de cualquiera de los medios admitidos en derecho el pago de las responsabilidades pecuniarias que pudieran ser declaradas, en las siguientes cantidades: 2.300.000 euros, 1.500.000 euros y 900.000 euros, respectivamente. También da diez días a las defensas para que formulen sus escritos.
Tanto Fiscalía como el Abogado del Estado habían solicitado la apertura de juicio oral contra estos procesados. En concreto, el ministerio público acusa a Díaz Alperi de tres delitos contra la Hacienda Pública y de uno de cohecho, y le reclamaba una fianza de 1.600.000 euros.
Así mismo, Fiscalía acusa a Antonio M.R. y a Antonio S.Y. de tres delitos contra la Hacienda Pública y les solicitaba una fianza de 1.000.000 euros y de 600.000, respectivamente. Y también acusa a otro empresario, Javier P.L. --quien permitió el amarre de la embarcación de Alperi--, de un delito de cohecho.
LA CAUSA
La causa partió de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Superior contra Díaz Alperi en la que el ministerio público --en base a un informe de la Agencia Tributaria-- ponía de manifiesto pagos dudosos avalados por tres sociedades en los ejercicios 2007, 2008 y 2010 que podían constituir tres delitos contra la Hacienda Pública, así como de falsedad en documento mercantil.
Según recoge el magistrado en el auto de procesamiento, dictado el pasado mes de diciembre, en el caso del ejercicio de 2007, y en relación con una operación de crédito de 942.678 euros relacionada con el exalcalde y dos de los empresarios, presenta la "apariencia" de tratarse de una operación "totalmente simulada" que en la medida que le ha determinado un aumento patrimonial no justificado, llevó a Hacienda a considerar, tras una investigación, que procedería realizar una regulación en la declaración del IRPF por 405.351 euros.
Sobre 2008, los hechos giran sobre la adquisición de un catamarán --'Akra Uno'-- por parte del ex primer edil valiéndose de una sociedad patrimonial, en la que parte del precio fue abonado por uno de los empresarios procesados.
Según el magistrado instructor, desde el momento en el que, de acuerdo con la investigación de Hacienda, la embarcación podría pertenecer a Alperi, que es quien la usa y asume sus gastos, --a lo que se une que la sociedad carece de actividad-- se debe considerar como una ganancia no declarada la aportación del empresario, que alcanzó los 264.500 euros y una necesidad de regularizar la cuota de 144.862 euros.
Esta situación se repitió en 2010 cuando, a través de la simulación de diversas operaciones de compra-venta de participaciones de esta sociedad con la intervención del mismo procesado, se habrían producido nuevos pagos por tercero para la adquisición de la embarcación y el exalcalde facturó ingresos derivados de su actividad profesional a nombre de la entidad, lo que supondría ingresos no declarados de 308.209 euros y la necesidad de regularizar con Hacienda 132.468.
El exalcalde está imputado también por los supuestos delitos de revelación información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho en la causa separada del 'caso Brugal', que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante.
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