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VALENCIA. En la última semana, se ha apreciado un cierto cambio de rumbo en el Consell que preside Alberto Fabra. El presidente de la Generalitat ha iniciado algunos movimientos estratégicos con el objetivo de controlar la agenda política en un momento difícil para los populares valencianos.
El pasado jueves, el jefe del Consell avisaba públicamente de que los diputados que pasaran a ser procesados deberían abandonar su escaño o serían apartados del grupo parlamentario 'popular'. Una advertencia dirigida especialmente, dado que su juicio oral tendrá lugar a finales de marzo, a las exconselleras Angelica Such -que dejó el escaño ese mismo día- y a Milagrosa Martínez, quien todavía resiste en la cámara.
Este viernes, el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo, José Císcar, avanzó un paso más en la estrategia de lucha contra la corrupción al asegurar que los populares estarían dispuestos a perder la mayoría en Les Corts con tal de apartar a los imputados del grupo parlamentario. Es decir, a Fabra no le temblaría el pulso si tuviera que enviar al grupo mixto a los siete diputados imputados del PP aunque con ello se quedara en minoría.
Una afirmación contundente por parte de Císcar que indica que el presidente de la Generalitat, a poco más de un año de las elecciones autonómicas, parece decidido -esta vez sí- a coger el toro por los cuernos aunque ello implique cierto peligro de gobernabilidad.
No obstante, parece un riesgo controlado. La línea roja contra la corrupción trazada por Fabra desde el inicio de legislatura ha sufrido ciertos vaivenes en este tiempo. La frontera establecida se corresponde ahora con la apertura de juicio oral a los procesados: una situación, en el caso de Such y Martínez -procesadas por el caso Gürtel-, que tuvo lugar hace unos meses pero que se cristalizará a finales de marzo.
Sin embargo existen otros imputados en el grupo parlamentario popular que todavía no conocen su futuro judicial, como son Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra, Yolanda García (todos imputados en Gürtel), y Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi (ambos en Brugal). Cada proceso lleva su ritmo y posiblemente el Consell vaya enfrentándose a los casos uno a uno conforme vayan llegando.
En el peor de los casos, para que la situación fuera realmente complicada para el PP, seis de ellos -o cinco si se sumara el exconseller Rafael Blasco, quien se encuentra ya en el grupo de no adscritos- deberían ponerse de acuerdo para votar en contra de su partido. Una situación que se antoja difícil de imaginar, por mucho que empeoraran las relaciones entre la dirección del PP y los imputados.
No obstante, resulta indudable que podrían acontecer situaciones tensas ante incomparecencias o abstenciones de parlamentarios no adscritos que obligaran al grupo popular a estirar la cuerda de su bancada -evitar ausencias, por ejemplo- para que no corriera peligro ninguna votación.
RONDA DE MEDIDAS...¿ESTRATÉGICAS, ESTÉTICAS O DESESPERADAS?
En cualquier caso, el Consell ha propiciado esta semana un giro en los debates que venía proponiendo en los últimos meses el Gobierno valenciano. Aunque se pueda discutir el momento elegido para ello, o pueda atender a criterios estéticos o estratégicos, ha conseguido captar cierta atención mediática.
El vicepresidente del Ejecutivo trató de conectar el paso adelante de Fabra en materia de corrupción con la propuesta de reforma electoral planteada por el jefe del Consell esta semana: medidas que buscan la "proximidad" con el ciudadano.
En esta línea, y respecto a las manifestaciones públicas del jefe del Consell instando al abandono del escaño de los diputados procesados, el portavoz del Ejecutivo puso el acento en los cambios en las preocupaciones de los españoles que refleja el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). "En 2011, la corrupción era la 5ª preocupación y en diciembre de 2013 es la 2ª. El presidente Fabra es sensible a lo que la ciudadanía exige", aseguró.
Preguntado por la situación de la alcaldesa de Alicante y diputada autonómica, Sonia Castedo, imputada en el 'caso Brugal', Císcar recordó que Fabra ya ha anunciado que "en las próximas listas electorales no habrá personas imputadas que tengan que ver con posibles delitos de corrupción". No obstante, aclaró que "eso será en 2015; antes de 2015 no se van a hacer listas electorales ni se van a designar candidatos".
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