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MADRID (EFE). La Audiencia Nacional ha avalado continuar con la investigación abierta al expresidente del Banco de Valencia José Luis Olivas por el desvío de fondos de la entidad a sociedades del empresario alicantino Ramón Salvador ante la "obvia apariencia delictiva" de los hechos que se le imputan.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la sección tercera de la sala de lo penal rechaza su recurso contra la decisión del juez Santiago Pedraz de admitir una de las querellas interpuestas por el FROB contra la excúpula del banco e imputarle junto a su exconsejero delegado Domingo Parra y al exdirector general de Bancaja Aurelio Izquierdo, entre otros, por apropiación indebida.

La Audiencia tilda las alegaciones vertidas por Olivas en su recurso de "extemporáneas, fruto de una cierta precipitación defensiva" y defiende, como ya hizo el instructor, la necesidad de investigar si tuvo o no responsabilidad penal en los hechos.

Asimismo, aunque precisa que "no se trata de afirmar la existencia de un hecho delictivo, sino de comprobar si se puede excluir definitivamente su existencia", los magistrados subrayan que la acusación ha proporcionado abundante documentación que "ostenta una obvia apariencia delictiva".

Según la querella del Banco de Valencia, que ejerce como acusación representada por el abogado designado por el FROB, Carlos Gómez-Jara, los imputados pudieron provocar "un perjuicio mínimo de 120 millones de euros" a la entidad gracias a diversas operaciones "de dudosa racionalidad económica" con el grupo inmobiliario de Ramón Salvador.

Dicho grupo tuvo un "trato inexplicablemente privilegiado" por parte del Banco de Valencia y de Bancaja mientras Olivas fue su presidente, fruto del cual, obtuvo entre 2007 y 2012 un importe total de fondos de 631 millones, "sangría económica que sólo se paralizó" con la intervención de la entidad por parte del Banco de España.

Así, relata que el empresario recibió hasta 2009 202 millones de euros a través de la sociedad H2018, creada "exclusivamente para resolver los graves problemas de solvencia" del empresario, pues su única actividad mercantil fue llevar a cabo transacciones con sociedades del grupo inmobiliario.

La sociedad se convirtió, según la querella, en "un instrumento para proporcionar delictivamente financiación" al grupo de Salvador "simulándolo bajo la apariencia de compraventas de activos inmobiliarios que habían sido previamente sobrevalorados mediante tasaciones falsas".

Durante 2010 y 2011, además, H2018 continuó realizando nuevas operaciones de compras de activos a sociedades del grupo por un importe conjunto de 56,03 millones de euros, cuando el sector inmobiliario ya estaba "definitivamente paralizado", adquiriendo tres fincas a pesar de conocer el impacto económico desfavorable que habían tenido las operaciones anteriores.

Para la acusación, todo ello no podría haber sido posible sin la "tolerancia" de Olivas dada su condición de máximo responsable en ambas entidades, desde la que "controlaba y dominaba toda la operación en su conjunto y en cada uno de sus extremos".

Izquierdo, por su parte, fue el "máximo responsable de la operación", mientras que el expresidente de Bancaja Habitat, José Cortina, también imputado, "le tenía al tanto y puntualmente informado de sus actuaciones".

Mientras, Domingo Parra fue "la persona que, en última instancia, aprobó y autorizó toda la operación de traspaso de fondos".

En esta causa, que instruye Pedraz como pieza separada de la principal sobre la gestión del Banco de Valencia, están imputados también el exdirector de participaciones inmobiliarias de Banco de Valencia Alfonso Monferrer, la sociedad Residencial Mira Llevant y, como responsables civiles, Investia Corporate, Fincas Altabix 2000, Promociones Barmendi, Promociones Salpa-Milenium y Artunduaga Gestión Urbanística.