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VALENCIA. "Dora Ibars es una bomba en potencia". Un alto cargo de la Generalitat explica de esta forma tan explícita el temor que produce entre altos cargos del Consell de Alberto Fabra y, especialmente, entre los exaltos cargos que rodeaban el ejecutivo de Francisco Camps, las declaraciones ante el juez que instruye el caso Gürtel de la antigua directora general de Promoción Institucional de la Generalitat. 

Ibars, que durante años fue un poder fáctico en Presidencia, dando y quitando dinero de publicidad institucional a su albedrío, está imputada en una de las piezas que forman el complejo caso Gürtel. De las seis piezas separas de que consta el sumario, la quinta hace referencia a las adjudicaciones realizadas por toda la Generalitat al entramado de empresas de Francisco Correa que en la Comunitat Valenciana dirigía Álvaro Pérez El Bigotes con Orange Market. 

El temor a Ibars proviene de la cercanía -tanto física como de poder- del despacho que ocupaba en el Palau de la Generalitat con el núcleo duro de Presidencia. Durante sus años en el puesto la responsable de Promoción Institucional bien pudo acumular información comprometida. "Si se guardó los correos electrónicos nadie está a salvo...", explica la misma fuente.

La cuestión es que Ibars ya ha apuntado alto en sus declaraciones. Y lo ha hecho cambiando el guión de un tiempo a esta parte. En marzo de 2013 prestó declaración por las adjudicaciones que realizó en su departamento a Orange Market por temas de promoción de los grandes eventos o de la Volvo Ocean Race. Entonces endosó el marrón a los técnicos de la Administración. Sin embargo, en diciembre, cuando declaró por la adjudicación a la misma empresa de una guía de comunicación optó por cambiar el discurso y apuntar directamente a la que entonces era su superiora: Paula Sánchez de León, ahora delegada del Gobierno.

Ibars está en una situación comprometida y ella misma es objeto de acusaciones por parte de terceros. Hace una semana el exdirector de Castelló Cultural Vicente Farnós la señaló como responsable de autorizar el contrato con Orange Market para los actos del décimo aniversario. "Si se ve acorralada y pende sobre ella una pena de muchos años de cárcel como ocurre con Milagrosa Martínez, por ejemplo, y tiene documentación puede hacer como hizo Jorge Vela", explica la misma fuente. 

El caso al que se refiere es el del exdirector general de Cacsa, imputado por el caso Nóos, que decidió presentar ante el juez Castro abundante documentación que tenía en su poder que justificarían que él solo cumplía órdenes superiores, para adjudicar al entramado de Iñaki Urdangarin el Valencia Summit. "El problema para Vela es que Gerardo Camps no enviaba ni correos electrónicos ni sms", asegura la misma fuente.

Camps era el conseller de Hacienda y presidente de Cacsa y ante el juez, como testigo, ha asegurado que él no sabía nada de lo que ocurría en Cacsa y echó la culpa a los directivos, entre ellos Vela o José Manuel Aguilar, también exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Las 'tiradas de manta' en los distintos casos de corrupción que afectan a la gestión del PP en la Generalitat no acaban ahí. La que más revuelo mediático ha generado en los últimos meses es la protagonizada por un exempleado de Orange Market y otro de RTVV que se presentaron voluntariamente ante el juez Ceres para entregarle documentación.

"En el caso de Ibars la situación es mucho más preocupante para el Consell y para sus exmiembros, muchos de ellos aún diputados o en cargos públicos, y para el PP porque ella estaba en el centro del lugar donde se decidía todo. Veremos en qué acaba todo...", señala la misma fuente. 

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