VALENCIA. Comienza la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). Este viernes, los tres liquidadores, los asesores de KPMG y los 13 representantes de los sindicatos se reúnen en la sede del Tribunal de Arbitraje Laboral de Valencia para fijar el futuro de los 1.651 trabajadores de la empresa.
El objetivo de la dirección es establecer las indemnizaciones de los empleados y dar comienzo al completarse el mes, el 21 de marzo, el proceso de salida de la plantilla. En este primer día se debe establecerá el calendario de reuniones y la empresa presentará la documentación demandada por los sindicatos, que incluye la justificación del cierre de la empresa, la relación de los trabajadores que se podrían acoger a condiciones especiales (como los mayores de 55 años) y el plan de acompañamiento social y de recolocación (todavía pendiente de adjudicación), entre otros contenidos.
Por parte de la empresa, estarán presentes seis personas: los liquidadores Antonio Hervás, Carlos Cervantes y Pau Pérez y el equipo de tres miembros de la consultora KPMG, encabezados por el jefe de Laboral en España Pablo Bernal de Pablo. Enfrente se sentarán 13 de los miembros del comité de empresa, encabezados por el presidente, Vicent Mifsud, y la vicepresidenta, Salut Alcover.
PROPUESTAS SOBRE LA MESA
A ellos se unirán los representantes de la autoridad laboral, como han demandado los trabajadores, para que ejerzan de testigo del proceso. Una de las doce causas de nulidad del anterior ERE fue la "falta de voluntad negociadora" de los representantes de la empresa, por lo que en esta ocasión este proceso está siendo enfrentado con celo por parte de la empresa y las máximas exigencias por parte de los sindicatos.
Como suele ocurrir en estos procesos, las propuestas que cada una de las partes llevan a este primer encuentro pueden ir cambiando a lo largo de los días, pero la última reforma laboral le asiste a la empresa a la hora de proponer un mínimo de 20 días por año por 12 mensualidades, aunque puede elevar las indemnizaciones hasta el nivel que quiera, en función de su disponibilidad de fondos para acometer el proceso.
Por su parte, la intención declarada del comité de empresa es no negociar los despidos sino negar la mayor y cuestionar las razones de cierre de la empresa. Fuentes jurídicas señalan que, siendo un planteamiento respetable, podría tener más recorrido si se siguiera como una causa legal independiente.
EL DÍA DESPUÉS
Una vez se dé por terminado el proceso de negociación, la dirección y los sindicatos se volverán a ver ante la dirección general de Trabajo, haya o no haya acuerdo. Esta entidad emitirá un informe, que ya no es vinculante para la aplicación del expediente pero puede valer como prueba ante un juez, fruto de los cambios legales realizados en 2012.
Fuentes consultadas estiman que los despidos se iniciarían la última semana de marzo, momento a partir del cual tanto los sindicatos como los trabajadores tienen un plazo de 20 días para presentar demanda. En el momento en que los sindicatos presentaran una demanda colectiva, la tramitación de las de los trabajadores quedaría paraliza hasta que se completara el proceso sindical.
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