La Generalitat colocará deuda a un tipo de interés del 4,75%, con un mínimo de 1.000 euros de inversión por particular, por un importe global de hasta 2.500 millones de euros.
Entre las comunidades que no adoptarán una iniciativa similar figuran Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias, Castilla-La Mancha, La Rioja, Baleares, Cantabria y Extremadura.
Fuentes de la Xunta de Galicia han explicado que, por el momento, el Gobierno gallego no se lo plantea y ha recordado que cada comunidad elabora su estrategia "como entiende que le es más favorable a sus intereses".
La Xunta ha marcado distancias con Cataluña y ha señalado que no todos los gobiernos tiene los mismos problemas de tesorería, y ha recordado que los inversores "están diferenciando claramente a unas y otras autonomías y aplicando primas de riesgo muy diferentes".
Mientras Canarias ha asegurado que tiene "cubiertas" sus necesidades y no tienen pensado emitir bonos, la Generalitat valenciana ha afirmado que no contempla la necesidad de tener que hace una emisión porque sigue colocando la deuda al ritmo que tiene previsto y al que los mercados lo permiten.
"Aunque no se pueda descartar en un futuro, en estos momentos no se contempla", aseguró esta semana el conseller de Economía de la Generalitat Valenciana, Gerardo Camps, que recordó que "lo más probable es que se acabe el ejercicio sin necesidad de realizar una emisión de este tipo".
Por su parte, el Gobierno cántabro ha señalado que no tienen previsto nada parecido porque no lo necesita y ha explicado que está negociando operaciones de colocación de deuda a plazo más largo y "en condiciones más ventajosas para la comunidad autónoma".
La Comunidad de Madrid tampoco valora llevar a cabo una emisión para particulares, lo mismo que Extremadura.
El resto de comunidades -Aragón, Murcia, Andalucía, Castilla y León- ha optado por no valorar la emisión que desde Cataluña se ha presentado como una operación que es "perfectamente normal y necesaria" y que "no es fruto de una situación de emergencia e improvisada", según dijo el conseller de Economía catalán, Antoni Castells, esta misma semana.
El gobierno catalán ha insistido en que la propuesta no nace de un problema de las finanzas de la Generalitat, ya que los mercados se cerraron en mayo y se están abriendo "muy lentamente".
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