A. M. / J. C.. 18/02/2014 Las seis instituciones consultivas del Estatut han tenido tensiones con el Consell ocasionalmente, pero nunca ha llegado la sangre al río: la Generalitat ha terminado por decir la última palabra, aunque en algunos casos los tribunales terminaran por imponerse a los criteros del Ejecutivo valenciano

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 Ramón Ferrer (AVL), José Cholbi (Síndic de Greuges), Rafael Vicente Queralt (Sindicatura de Comptes) y Vicente Garrido (CJC)

VALENCIA. El Estatut d'Autonomia dota a la Generalitat de seis altas instituciones comisionadas, consultivas y normativas para asesorar y colaborar en la labor del Consell y de Les Corts Valencianes. El problema surge cuando la voluntad política entra en conflicto con el dictamen de los expertos que integran estos organismos.

El último de los casos de discrepancia se ha producido con el Diccionari de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), institución que se fundó para "determinar y elaborar, en su caso , la normativa lingüística del idioma valenciano". Su definición de la voz valencià fue cuestionada por el Gobierno de Alberto Fabra, que elevó una consulta con el objetivo de recurrir la definición al Consell Jurídic Consultiu (CJC), cuyo presidente y la mitad de sus miembros son elegidos por el Consell.

UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA

Sin embargo, la cobertura legal que el CJC ha dado a la voluntad del Consell no ha resuelto la tensión generada entre la AVL y la Generalitat y no faltan las voces que recuerdan como el consejo que preside Vicente Garrido no es infalible.

De hecho, distintos dictámenes emitidos en apoyo del Consell han sido después contradichos por los Tribunales, como fue el caso del respaldo a entregar finiquitos a los diputados autonómicos cuando dejaban su escaño o el rechazo al blindaje de la financiación estatal en función de la población en el Estatuto de Autonomía de Andalucía o en función del Producto Interior Bruto (PIB) en el caso del catalán, entre otros.

Sin embargo, el ejecutivo valenciano no ha encontrado siempre al CJC de su parte, como ocurrió con su dictamen negativo a la reducción del número de diputados de Les Corts Valencianes. Sin embargo, no son ni la AVL y el CJC los organismos más incómodos para el Consell.

SORDINA A LA CONCIENCIA

Comisionados por Les Corts, el Síndic de Greuges, equivalente al Defensor del pueblo estatal en el ámbito autonómico; y la Sindicatura de Comptes, auditora de las cuentas de la Generalitat en su conjunto, han sido las que más tirones de orejas han dado al Ejecutivo valenciano por extralimitarse o hacer dejación de sus deberes ante el ciudadano o por gestionar de forma indebida el dinero público.

Sin embargo, la incapacidad legal de ambas entidades para tomar medidas correctoras o hacer cumplir sus denuncias las convierten en una molestia para los gestores públicos a la que no necesariamente hacen caso, como demuestra la repetición de determinadas denuncias año tras año sin que surtan efecto y la cicatería del Consell a la hora de dotarlas de más competencia y presupuesto.

A pesar de estar dirigidas por equipos designados por los partidos políticos en Les Corts (especialmente PP y PSPV-PSOE), al tratarse de órganos eminentemente técnicos con un equipo de funcionarios altamente especializados en la materia que tratan, las posibilidades de doblarse a presiones políticas resultan más reducidas.

UNA ACADEMIA SOMETIDA A RECORTES

Entrando a cada institución en concreto, la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) es la institución normativa de la Generalitat planteada para reunir las distintas sensibilidades lingüísticas valencianas y encargada de fijar el estándar de la lengua en la Administración y el sistema educativo. Cuenta con 21 miembros cuyo mandato dura 15 años y para formar parte de ella se ha de ser propuesto por los partidos presenten en Les Corts, se debe tener una acreditada competencia científica y académica lingüística o cultural y no ejercer cargos parlamentarios ni de la Comunitat Valenciana ni de España ni de la Unión Europea.

Actualmente, la presidencia la ocupa Ramón Ferrer, doctor y profesor de Historia Medieval, académico de la secesionista Reial Acadèmia de Cultura Valenciana desde 1984 y miembro de la AVL a propuesta del Partido Popular. Esta situación no ha evitado que haya defendido la unidad de la lengua, aunque sin asumir la denominación común de catalán.

La tensión generada entre la AVL y la Generalitat por el Diccionari no ha sido la única, sino que viene precedida de una serie de tensiones que, hasta ahora se habían podido superar, pese a las duras críticas de determinados sectores del activismo lingüístico contra la institución y sus miembros.

Económicamente, tiene presupuestado para 2014 por la Generalitat 2,93 millones de euros, un 10,14% menos que el pasado año y un 26% por debajo de los 3,98 millones con los que contaba a principios de la legislatura, en el año 2011. Junto al Consell Valencià de Cultura es una de las que más intensamente ha visto caer su asignación.

CONSELL JURIC CONSULTIU DE DESIGNACIÓN POLÍTICA

El Consell Jurídic Consultiu empezó la desarrollar su actividad en 1996, gobernando la Generalitat el popular Eduardo Zaplana. El actual Estatut la describe como "el órgano consultivo supremo del Consell, de la Administración autonómica y, si es necesario, de las administraciones locales de la Comunitat Valenciana en materia jurídica".

Esto explica su condición de comodín al servicio del Consell ante sus dudas o frente a las discrepancias que surjan con otras instituciones, entidades o administraciones en el ámbito de la Comunitat Valenciana e incluso más allá, como ocurrió con los estatutos de Andalucía y Cataluña.

Actualmente está formado por seis miembros, entre los que se cuenta el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, amigo y, en su momento, doctorando del presidente de la institución, Vicente Garrido. Todos sus componentes electivos son de designación política: tres por Les Corts con una mayoría de tres quintos de la cámara y otros tres directamente por el Consell, que también nombra de entre ellos al presidente.

Sus mandatos duran cinco años, prorrogables hasta 15 años, y sus miembros tiene limitadas sus actividades profesionales a la docencia y la investigación. Han de ser valencianos y expertos en Derecho con un ejercicio profesional de más de 10 años o con experiencia en asuntos de Estados o autonómico. Su presupuesto para 2014 es de 2,43 millones de euros, un 3,39% menos que en 2013 y un 19% menos que en 2011.

CONSULTORÍA CULTURAL

Más discreto en los últimos años es el perfil de las otras dos instituciones consultivas dependientes de la Generalitat: el Consell Valencià de Cultura y el Comité Econòmic i Social. El primero es "la institución consultiva y asesora de las instituciones públicas de la Comunitat Valenciana en aquellas materias específicas que afectan a la cultura valenciana", según el Estatut.

Constituido en 1985, está formado por 21 miembros que ocupan el cargo por seis años con posibilidad de renovación. Son los partidos políticos de Les Corts las encargadas de elegir a sus miembros y el presidente de la Generalitat designa al presidente, condición que actualmente posee el científico Santiago Grisolía.

La lengua ha generado algunas de las tensiones más destacadas entre esta institución y el Consell, al igual que sus críticas a la política cultural pública. A pesar del reflejo de estas actuaciones en los medios de comunicación y por parte de los grupos políticos de la oposición, la incidencia real en la política de la Generalitat ha sido limitada.

Miembros históricos de este organismo han sido Joan Fuster, Luis García Berlanga, Andreu Alfaro, Manuel Sanchis-Guarner, Juan Gil-Albert o Xavier Casp. Aunque actualmente la presencia de políticos de carrera es superior a la de composiciones anteriores del organismo, hoy destacan Enrique García Asensio, Vicente Muñoz Puelles o Ricard Bellveser.

En el actual presupuesto de la Generalitat tiene asignados 1,4 millones de euros, un 8,88% menos que el pasado año. Desde el inicio de la legislatura en 2011 ha registrado un descenso del 26%.

ECONOMÍA Y RELACIONES LABORALES, EL ENTE MÁS DISCRETO

Por su parte, el Comité Econòmic i Social es uno de los que menos tensiones ha registrado con los responsables del Consell. Su función es asesorar en materias económicas, sociolaborales y de empleo, contando para ello con 28 representantes de las patronales, cámaras de comercio, los sindicatos UGT y CCOO, distintas asociaciones de consumidores y profesionales, además de siete representantes de la Administración.

Ubicado en Castellón y fundado en 1994, emite dictámenes e informes sobre nueva legislación y su capacidad es sólo consultiva, por lo que un dictamen negativo no obliga a la Generalitat a cambiar nada, aunque en ocasiones añade recomendaciones de tipo práctico. Su presidente es desde 1997 Rafael Cerdá, designado por la Conselleria de Economía previa consulta con las organizaciones participantes.

Al margen de estos cuatro entes vinculados por el Gobierno valenciano, existen otros dos que cuentan con la misma suerte que los anteriores, pero responden ante Les Corts Valencianes, que designan a sus miembros a propuestas de los partidos políticos por mayoría de tres quintos.

DOS ENTIDADES PARA LEER LA CARTILLA AL CONSELL

Se trata de la Sindicatura de Comptes y del Síndic de Greuges. La primera, se dedica a auditar las cuentas de la Generalitat y, aunque sus informes anuales se presentan con un año de demora sobre el ejercicio analizado, es una de las instituciones de ese tipo más rápidas y mejor valoradas de España.

Los informes, elaborados por su equipo o subcontratados a auditoras privadas, no suelen ahorrar críticas a la gestión de las entidades que analiza, como la Generalitat, sus empresas y organismos, los ayuntamientos, las cámaras de comercio o las universidades. Sin embargo, no tiene potestad sancionadora en el caso de que sus dictámenes no sean atendidos. Su capacidad de presión se limita a la difusión que de sus informes pueda hacer la prensa o los partidos de la oposición.

En su historia no se han producido prácticamente enfrentamientos con el poder político, salvo por las reducciones de su asignación presupuestaria. Su condición de organismo estatutario impide su disolución sin reformar el Estatut d'Autonomía, como se ha planteado en otras comunidades autónomas. Su presupuesto actual es de 6,12 millones de euros, un 0,10% menos que en 2013 y un 2% por debajo del que tenía al inicio de la legislatura.

DESIGNACIÓN POLÍTICA, INDEPENCIA INSPECTORA

Su dirección es colegada entre tres síndicos. El denominado Síndic Mayor es Rafael Vicente Queralt, licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y miembro del Cuerpo de interventores de la Administración Local. Ha sido viceinterventor de la Diputación Provincial de Castellón, interventor-delegado en las instituciones de la Generalitat en Castellón y tesorero del Ayuntamiento de esa ciudad, y ha desempeñado las funciones de gerente de la Universidad Jaume I.

Ejerce su puesto desde 2003, después de haber accedido en 2000 como síndico adjunto a propuesta del PP. Le acompañan en sus funciones, Marcela Miró y Antonio Mira Perceval. Miró es doctora en Ingeniería agrónoma y ha sido consellera de Educación, Cultura y Ciencia (1996-1997) y de Bienestar Social (1997-1999) con Eduardo Zaplana, además de presidenta de Les Corts Valencianas (1999-2003). También ocupa el cargo a propuesta del PP, formación de la que fue diputada autonómica.

Por su parte, Antonio Mira Perceval ha ocupado distintos cargos políticos desde 1983 por el PSPV-PSOE, como la presidencia de la Diputación de Alicante (1991-1995) y ha sido concejal del Ayuntamiento de Alicante (1983-1999), además de ocupar distintos destinos vinculados a la gestión tributaria como funcionario de carrera. Forma parte de la Sindicatura desde 2003 a propuesta de los socialistas.

EL CONTROL DE LOS AGRAVIOS PÚBLICOS

Por último, el Síndic de Greuges centra su trabajo en las relaciones del ciudadano con la Administración, lo que le ha hecho denunciar distintos casos de mala gestión, especialmente en temas relacionados con el servicio público de salud, educación y gestión municipal. Con un presupuesto de 3,33 millones de euros, el Consell le ha recortado su aportación en un 0,60% frente a 2013 y de un 4,1% desde el inicio de la legislatura.

Sin embargo, el periodo de mayor tensión entre la institución y la Generalitat se produjo por un problema de tipo institucional tras el final del mandato de Bernardo del Rosal en 2006 y la falta de acuerdo entre PP y PSPV-PSOE para designa a un sustituto. De este modo, asumió el cargo de forma interina la jurista Emilia Caballero Álvarez.

Aunque el sindic y sus adjuntos tienen que renunciar a su militancia de partido, lo cierto es que vienen propusieron por las formaciones políticas de Les Corts. Esto explica que la interinidad de Caballero (nombrada a propuesta del PSPV) llevara a los populares a intentar sustituirla por todos los medios a su alcance.

Ante la falta de un acuerdo de tres quintos en la cámara para elegir al nuevo síndic, el Grupo Popular promovió en 2008 una modificación del reglamento de Les Corts para hacer que la interinidad fuera rotatoria y permitir que asumiera el cargo el adjunto segundo Carlos Morenilla (marido de la exconsellera imputada por el caso Gürtel Angélica Such), propuesto por el PP.

Cinco meses más tarde, Caballero fue repuesta en el cargo al anular el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) esta modificación. Ya en marzo de 2009, populares y socialistas alcanzaron un acuerdo y el actual síndic, José Cholbi, accedió al cargo. Cholbi dejó su escaño para asumir esta responsabilidad, después de estar en política desde 1983, primero para la Alianza Popular de Manuel Fraga y, después con el Partido Popular.

Este escenario podría volver a repetirse, ya que el PSPV ha anunciado que no respaldará la reelección de Cholbi para el cargo como protesta por los recortes aplicados por la Generalitat a los órganos estatutarios. De este modo, otro Caballero podría volver a ocupar el puesto hasta que se consiguiera un acuerdo.