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VALENCIA (EP). Una familia de la localidad de Xirivella (Valencia) ha presentado una solicitud en el Ministerio de Educación en la que reclama a su titular, José Ignacio Wert, que asuma, en aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), los gastos --más de 17.000 euros hasta el momento-- que le ha generado llevar a su hija a un centro concertado de otra población para "garantizar su derecho a recibir enseñanza en valenciano", informa Escola Valenciana.

Se trata de una familia del CP Ramón y Cajal de Xirivella que presentó un recurso contra la decisión de la Conselleria de Educación --en la época en la que estaba al frente de ese departamento el exconseller Alejandro Font de Mora-- de no autorizar en 2010 la implantación del Programa de Enseñanza en Valenciano (PEV) en dicho centro. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) estimó el recurso, al igual que había hecho anteriormente con dos peticiones similares, correspondientes a los colegios Rei En Jaume, también de Xirivella, y Sant Cristófor Màrtir de Picassent.

No obstante, a causa de "la falta de oferta de enseñanza en valenciano en las escuelas públicas de Xirivella, estos padres demandantes buscaron enseñanza en valenciano en una escuela de otro municipio, la cooperativa Les Carolines de Picassent, y durante cuatro cursos han tenido que asumir diversos gastos para garantizar un derecho social básico, como es el de la enseñanza en valenciano", explica la entidad cívica en un comunicado.

Desde Escola detallan que "el gasto de pago del centro concertado, el transporte y el comedor durante cuatro cursos asciende ya a más de 17.000 euros, por el incumplimiento de las administraciones educativas de un derecho básico, el de poder escoger la enseñanza en valenciano pública".

Por esta razón, y mediante el servicio jurídico de la Oficina de Derechos Lingüísticos de Escola, estos progenitores confían en que "se les trate igual que a las familias que solicitan enseñanza en castellano en otras autonomías con lengua propia, según lo que marca la Lomce".

"Solicito al Ministerio de Cultura que, en mérito del principio de igualdad, todo ello lo haga con igual celo, interés y resultado que le presta a aquellas familias que, tan legítimamente, piden que sus hijos sean escolarizados en la lengua oficial del Reino de España en aquellas comunidades autónomas con lengua propia", dice la familia en su escrito.

"DAÑOS ECONÓMICOS Y PERSONALES"

En concreto, reclama diferentes daños "en términos económicos y personales que le ha causado el hecho de tener que buscar una alternativa por garantizar a su hija la enseñanza en valenciano", como "matricularla en un centro concertado con un gasto mensual de 100 euros, por ser de otra localidad, un gasto de transporte mensual por 160 y 100 euros mensuales de comedor escolar por la distancia entre el centro educativo y el domicilio, con la consiguiente imposibilidad de ir a comer a casa".

Por otra parte, Escola Valenciana ha criticado que "la Conselleria de Educación continúa incumpliendo la sentencia que dictaminó la sección quinta de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia valenciano el 13 de noviembre de 2013, ya que el tribunal estimaba que había que reconvertir a valenciano la línea educativa por la que se había luchado durante cursos", es decir, aquella en la que estudia la hija de los demandantes.

Sin embargo, aunque el actual equipo de la Conselleria sí aprobó el cambio de programa lingüístico solicitado por el centro para abrir una línea en lengua autóctona en Infantil, no lo ha hecho en primer curso de Primaria, al que asiste actualmente la niña, han precisado estas fuentes.