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VALENCIA. La decisión de los liquidadores de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) de evitar cualquier tipo de defecto de forma en la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) para la extinción de la empresa ha encontrado una nueva traba: la Administración pública.

Ni los actuales responsables de la empresa ni sus asesores de KPMG quieren volver a caer en la "falta de buena fe negociadora" que señaló el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en el anterior despido colectivo y que se incluyó en las doce causas de nulidad que llevaron de vuelta a la empresa a casi un millar de despedidos. 

Después del fundido a negro del 29 de noviembre de 2013, que significó el fin de las emisiones y el permiso forzoso para más de 1.500 de sus 1.651 trabajadores, los actuales responsable no piensan convocar la reunión que dé inicio a las negociaciones hasta contar con toda la documentación y los trámites requeridos por la parte sindical.

Aunque la previsión inicial era convocar para esta semana la primera reunión con los sindicatos, a partir de la cual empezará a contar el mes de negociación, fuentes vinculadas al proceso reconocen que no se podrá poner en marcha hasta el viernes, como pronto, o para los primeros días de la próxima semana, previsiblemente. 

AJUSTE DE PLAZOS

A pesar de que el responsable del área de Laboral de KPMG y encargado de esta negociación, Pablo Bernal de Pablo, se encuentra esta semana en Valencia, su trabajo está consistiendo en ultimar la estrategia, ya que se dispone de la documentación en poder de la empresa y sólo faltan los asuntos dependientes de la Generalitat y del Estado.

Éste ha sido el caso del anuncio de licitación para la elaboración del plan de recolocación de los trabajadores, que no ha recogido el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) hasta este pasado martes. Fuentes vinculadas al proceso estiman que el estudio de las propuestas planteadas puede ser rápido y adjudicarse a finales de la semana que viene, pocos días más tarde de recoger la última oferta.

Teniendo en cuenta cómo apremia el tiempo, la adjudicación de este contrato de 830.513,75 euros (686.375 euros sin IVA) se ha hecho mediante un procedimiento abierto y de urgencia, cuyo plazo de presentación de ofertas expira el próximo martes 18 de febrero, una semana después de su publicación.

DISPARIDAD DE ESTRATEGIAS

Mientras todas estas fases preparatorias se suceden, las partes aprovechan para perfilar sus estrategias ante la negociación. En el caso de los sindicatos, defienden que el ERE no está justificado, por lo que su planteamiento no pasa por centrarse en las indemnizaciones y acuerdos, sino en "desmontar" la idea inicial que llevó al cierre.

Por contra, desde la empresa se considera que ese aspecto no tiene nada que ver con el ERE en sí. De hecho, se insiste en que ahora se negocia las condiciones del despido colectivo, justificado por causas económica recogidas en la Ley 4/2013 de la reforma laboral; mientras que la discusión sobre si se cumplen esas causas es un caso diferente que deberá resolverse en otro foro.