El texto recoge la resolución del pleno del pasado 21 de diciembre, por la que se aprobó la modificación del artículo 21.4 del Reglamento, que señala que "las declaraciones sobre actividades y bienes se inscribirán en el registro de intereses que se constituirá en las Corts bajo la dependencia directa del presidente o la presidenta y custodiado por el letrado o la letrada mayor. El contenido del registro tendrá carácter público".

   Así, "se inscribirán en este registro las resoluciones del Pleno en materia de incompatibilidades y cuantos otros datos sobre actividades de los diputados y diputadas sean remitidos por la Comisión de Estatuto de los Diputados y no consten previamente en el mismo".

   La Presidencia de las Corts ordenará la publicación en el BOCV de las declaraciones de actividades y bienes de los diputados en el plazo de 15 días desde su toma de posesión. No obstante, la reforma recoge una disposición transitoria por la que la Presidencia ordenará, a la entrada en vigor de la norma, la publicación de los bienes de los parlamentarios de las Corts, en un plazo máximo de 15 días a partir de dicha orden.

   La Junta de Portavoces celebrada el 23 de diciembre, dos días después de la aprobación de la reforma, decidió no publicar la norma inmediatamente y retrasarla "horas o días", según explicó entonces el portavoz del PP, Rafael Blasco, con el fin de permitir a los diputados "revisar" las declaraciones que ya habían hecho en las Corts a la hora de su nombramiento, pero que hasta la reforma no tenían carácter público, para "garantizar la privacidad de los datos" de los parlamentarios.

   Esta decisión, aseguró el también conseller de Solidaridad y Ciudadanía, no tiene "nada que ver con las actividades ni con los bienes patrimoniales", sino con "la necesaria seguridad que algunas personas, por cuestiones estrictamente políticas y no económicas ni de otra índole, tienen que tener en cuenta".

   Para ello, Blasco explicó que la presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, planteó en la citada Junta la "conveniencia, de acuerdo con los letrados de la Cámara y todos los grupos, excepto el PSPV, de que se solicite a los diputados que ratifiquen esa declaración o que la vuelvan a expresar en los términos y criterios de la resolución aprobada en el pleno".