En un comunicado, los técnicos han asegurado que esta propuesta supondría un ahorro anual de 462 millones de euros para los contribuyentes, lo que supone una media de 38 millones cada mes.
Además, son partidarios de que la iniciativa se adopte con carácter retroactivo desde el mes de abril de 2009, para aliviar los "gravosos pagos" por las deudas y los intereses de empresas, pymes y particulares motivados por "la sequía crediticia".
Gestha ha recordado que la deuda pública a doce meses tiene un coste inferior al 2% y que el Euribor ha ido bajando paulatinamente en los últimos años, mientras que el tipo de interés que aplica Hacienda se ha mantenido inalterable desde abril de 2009.
A su parecer, la petición se apoya en la modificación del tipo de interés legal del dinero, que establece que el Gobierno lo fijará atendiendo a la evolución de los tipos de interés de la deuda pública. La Ley General Tributaria establece que el interés de demora será el interés legal del dinero vigente a lo largo del periodo en el que resulte exigible, incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos establezca otro diferente.
Con todo, los técnicos de Hacienda han calculado que si se aplicara el Euribor medio del año, el ahorro para los contribuyentes al implementar una medida de este tipo superaría los 1.300 millones de euros al año.
Gestha y otros colectivos hicieron ya esta petición en enero de 2009 y consiguieron que el Gobierno rebajara el interés de demora del 7% al 5% en el mes de mayo, ya que "carece de sentido" que Hacienda encarezca los aplazamientos de las deudas que no se pueden pagar por la falta de liquidez.
Además, los técnicos creen que su propuesta cobra ahora actualidad, ya que, esta misma tarde, la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados debatirá una proposición no de ley del PP para rebajar al 4,5% el tipo de interés de demora y al 3% el interés legal del dinero.
A su parecer, el Gobierno debería seguir adoptando políticas que favorezcan la liquidez y el pago de la deuda pendiente a través de la disminución de exigencia de garantías, la flexibilización de los plazos y la reducción de los tipos de interés de los aplazamientos.
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