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VALENCIA. El Gobierno valenciano sigue atravesando un charco de profundidad incierta en lo que se refiere al conflicto abierto con la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). El portavoz del Consell, José Císcar, se manejaba este viernes con oficio de funambulista en la rueda de prensa posterior al pleno, mientras casi al mismo tiempo la titular de Cultura, María José Catalá, seguía pidiendo "tranquilidad" y mostraba su confianza con que el dictamen solicitado al Consell Jurídic Consultiu arrojará "un foco de luz" al asunto.
El renacido conflicto lingüístico ha ocupado buena parte de la actualidad de la semana. La definición del valenciano realizada por la AVL en su nuevo Diccionari Normatiu Valencià (DNV), que viene a señalar la unidad de la lengua, se ha convertido en 'casus belli' para el PP de la Comunitat Valenciana, dirigido por Serafín Castellano con el beneplácito de Alberto Fabra.
En los hombros de la consellera María José Catalá descansa el peso de encontrar la solución. Un encargo que comenzó el pasado martes con la solicitud de un dictamen urgente -10 días de plazo- al Consell Jurídic Consultiu (CJC) para que se pronuncie acerca de la validez jurídica de la definición formulada por la AVL en relación al Estatuto de Autonomía y la ley de Creación de 1998 del ente.
Esta solicitud de la conselleria llega en un momento delicado de las relaciones entre el presidente del CJC, Vicente Garrido, y Presidencia de la Generalitat. Recientemente se produjo la repesca de Federico Fernández como consejero del organismo, cuando había sido destituido de su puesto de secretario general en el CJC por el mismo Garrido en el mes de diciembre. En cuanto a las razones del cese, diversos medios han apuntado a los negocios privados de Fernández, si bien otras fuentes próximas al ente ponen el acento en el deterioramiento de la relación personal entre Garrido y Fernández.
Fuentes del órgano admiten que este nombramiento ha sido una "desautorización" a Garrido llevada a cabo "sin ningún miramiento" desde la Generalitat. De la misma manera, apuntan a algún contacto potente de Fernández en la cúpula del Consell para haber sido reingresado en la misma institución.
Este escenario, si bien no debería influir en la decisión que deba adoptar el CJC sobre el dictamen de la AVL, sí ha enrarecido el ambiente en la institución. Preguntado por los medios sobre la solicitud de dictamen de la conselleria, el propio Garrido respondió: "El valenciano es lo que la AVL diga que es". Una reflexión que suscriben fuentes del ente consultadas por este diario, lo que parece indicar que el Consell tendrá difícil llevarse un dictamen favorable de la institución.
NINGUNA SOLUCIÓN BUENA PARA EL CONSELL
En cualquier caso, el dictamen del CJC no va aportar ninguna solución especialmente buena para el Consell de Alberto Fabra.
Si la institución da por buena la capacidad de la AVL para la definición del valenciano, dejará al Consell con muy pocos argumentos para seguir oponiéndose a ella.
El propio portavoz del Gobierno valenciano, José Císcar, subrayó este viernes que el Consell "acatará" el dictamen del CJC porque no se trata de una decisión política "ni entramos en cuestiones científicas", sino que se trata de saber "si puede haber una extralimitación o no de unas competencias, dado que no se ha planteado en la Generalitat qué organo puede tener la competencia de la definición de la lengua". "Es una cuestión meramente jurídica", recalcó.
Además, Císcar aseguró que "en ningún caso se plantea la creación de una academia paralela, ni nueva, ni disoluciones". Una reflexión lógica, sin duda, puesto que disolver organismos o crear entes paralelos porque el PPCV está en desacuerdo con las resoluciones de los existentes resultaría difícilmente explicable. Más aún cuando el PP fue el que impulsó la AVL.
Por otro lado, si el CJC resuelve que la Acadèmia se ha extralimitado en sus funciones, el organismo lingüístico quedaría desautorizado. El Consell se saldría con la suya pero tendría una institución en pie de guerra que debería mantener dado que no dispone mayoría suficiente para disolverla.
El problema lo tiene el mismo PP por negarse a reconocer lo obvio: que en Valencia, Cataluña y Baleares se habla la misma lengua. Solo cambiando el nombre no se cambia la linguistica, ni la estructura de una lengua, que es la que es y no la que ellos quisieran ver, porque hablarla es algo bien distinto. El PP siempre ha aborrecido la lengua valenciana, cualquiera que sea su nombre. ¿Lo recordamos? Rita, Zaplana, Fabra, el otro Fabra, Castedo,...¿cuándo los ha oido hablar valenciano? Pues eso.
El PP traicionó al pueblo valenciano, creando y potenciando una academia bastarda llena de catalanistas. Mi mas absoluto desprecio por este partido lleno de traidores que han perdido el norte. Desde JUNTS front a l'AVL ni olvidamos, ni perdonamos...
En efecte, el funambulisme és una bona imatge per a definir l'actuació, dic actuació -d'actor- que ha caracteritzat la política lingüística del Consell des dels temps de Fernando Villalonga. Una bona mostra és que el màxim exponent de la política lingüística fins l'any 2011 fou la Secretària Autonòmica de Cultura i Esports, Concha Gómez, catalana de Barcelona, que naturalment actuava amb tota la passió que cal posar en aquest papers.
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