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VALENCIA (EP). El exgerente de Emarsa Esteban Cuesta ingresó en una de las cuentas de su mujer, con la que tenía separación de bienes desde que comenzó a trabajar en la entidad, alrededor de 180.000 euros en seis años, entre 2005 y 2010. El ejercicio en el que más dinero le fue transferido fue en 2005, con alrededor de 75.000 euros.

Así consta en un auto, con fecha de este jueves, en el que el juez rechaza recalcular la fianza de 400.000 euros fijada para Cristina Segarra, mujer de Cuesta, como presunta responsable civil, al entender que la misma es "plenamente ajustada a derecho".

Para llegar a esta conclusión, el magistrado repasa los movimientos de las cuentas bancarias de Segarra y sus compras de inmuebles, y recuerda que la misma experimentó un "notable" e "injustificado" incremento de patrimonio que "cabe atribuir a que participó de los efectos de los delitos investigados --en el 'caso Emarsa'-- y atribuidos a su marido".

Así, expone que Segarra adquirió en febrero de 2005 un solar ubicado en Benimamet por 138.232,78 euros, y sobre el mismo entiende que existen indicios para pensar que parte del precio fue abonado empleando los fondos públicos presuntamente malversados en Emarsa, ya que la mujer recibió en una cuenta bancaria de su titularidad, en febrero de 2005, varios ingresos de Cuesta por importe total de 58.800 euros.

Tras la compra de este local, en la cuenta de Segarra se observan entre marzo de 2005 y enero de 2006 movimientos por un total de 41.275,09 euros, de los que 16.858 euros corresponden a transferencias de Esteban Cuesta. El resto son ingresos en efectivo, una remesa de cheques y una nómina por importe de 8.715,18 euros. Posteriormente, en diciembre de 2005, Segarra compró una vivienda en Valencia por un precio de 275.970 euros, y una plaza de garaje por 24.040 euros.

Independientemente de estas operaciones, el juez indica que desde una cuenta de Cuesta se han realizado traspasos por "cuantísimas sumas" a su mujer, en la cuenta en la que tenía domiciliado el pago del préstamo hipotecario.

Así, concreta que desde enero de 2006 hasta septiembre de 2010, Segarra recibió en esa cuenta un total de 103.977 euros, la mayoría de ellos distribuidos en ingresos de 1.043,10 euros y de 1.543 euros. De este modo se puede advertir --indica-- que la cuota inicial de la primera hipoteca que grava la vivienda, cuyo importe era de 1.043,10 euros, y la cuota resultante de la constitución de la segunda hipoteca, por 1.543 euros, "siempre han sido satisfechas por Cuesta".

Por otra parte, el juez indica que Segarra es cotitular, junto con Cuesta, de una cuenta en la que se han observado "múltiples" ingresos en efectivo al margen de la nómina de los cotitulares. También aparece una transferencia de 8.001 euros a favor de Segarra ordenada en diciembre de 2005, un día antes de la compra del piso.

Ante ello, reproduce las manifestaciones de la fiscal, quien ha asegurado que si a todas estas cuantías se añaden los "beneficios" que obtuvo por viajes realizados "a costa" de los fondos públicos que la Epsar transfería a Emarsa para financiar los gastos de explotación y mantenimiento de la EDAR de Pinedo, las obras y regalos recibidos con cargos a fondos públicos, "se concluye que la cuantía de fianza de 400.000 euros es plenamente ajustada a derecho".

COTINO Y HERNÁNDEZ

Por otro lado, la Abogacía de la Generalitat y la Emshi se han opuesto a la petición testifical del PSPV --apoyada por la Fiscalía--, en calidad de testigos, para los exresponsables de la Entidad de Saneamiento de la Generalitat Valenciana (Epsar) Juan Cotino --actual presidente de las Corts-- y Maritina Hernández --diputada del PP--, para que expliquen los precios pagados por el tratamiento de lodos.

Al respecto, la Emshi señala en su escrito que entiende que está "sobradamente acreditado en la causa" que su posición ha sido "siempre" la de defender que los precios con los que la Epsar financiaba a Emarsa son "correctos", tanto los precios globales como los correspondientes a los lodos. Sostiene que la cantidad de 42 euros por tonelada está justificada. Pero esto no quiere decir --puntualiza-- que los responsables de la Epsar estén de acuerdo en que el dinero del que disponía Emarsa fuera gastado en actividades ajenas al fin público de la depuración.

Así, recuerda que Maritina Hernández defendió "arduamente" y "con total conocimiento de datos y precios" el precio de 42 euros por tonelada de lodo que Epsar fijó para Emarsa, "sin que ello suponga, insistimos, estar de acuerdo con el destino que los imputados dieran a los fondos", indica.

En definitiva, añade: "la posición de la Epsar en cuanto a la corrección de los precios con los que financió a Emarsa está por tanto sobrada y reiteradamente acreditada en la causa", pero si pese a todo ello pudiera quedar alguna sombra de duda respecto a lo que ya consta "reiteradamente" en la causa, "no tendríamos nada que oponer a que se practiquen las diligencias que por el juzgado se consideren pertinentes", finaliza.