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VALENCIA (EP). La Fiscalía ha apoyado la petición del PSPV-PSOE para que el juez instructor del 'caso Emarsa', en el que se investiga un agujero económico millonario en la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia), cite a declarar, en calidad de testigos, a los exresponsables de la Entidad de Saneamiento de la Generalitat Valenciana (Epsar) Juan Cotino --actual presidente de las Corts-- y Maritina Hernández --diputada del PP-- para que expliquen los precios pagados por el tratamiento de lodos.

Así consta en el escrito que ha remitido el ministerio público al juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que investiga este procedimiento, en el que indica que "nada opone" a que se acuerde la práctica de estas declaraciones testificales solicitadas por el PSPV, que ejerce de acusación popular en el caso. Ahora, será el magistrado el que decida si finalmente cita a Cotino y a Hernández a declarar.

El PSPV, en su escrito, requirió tanto la declaración de estas dos personas como la de María Ángeles Ureña, quien fue vicepresidenta de la Epsar durante parte del periodo a que se corresponde la investigación.

El PSPV expuso en su informe que era "indefectible" oír en calidad de testigos a los que fueron vicepresidente y presidente de la Epsar para terminar de perfilar cuál fue la actuación llevada a cabo por el exgerente de la Epsar José Juan Morenilla; y el exjefe de Saneamiento, Ignacio Bernácer, en la aprobación de unos incrementos en la financiación de Emarsa "presuntamente desviados al circuito del entramado de empresas ficticias que permitió la malversación de fondos que se investiga".

Para la acusación popular quedaba pendiente de investigar y concretar hasta dónde, hasta qué responsables de la Epsar alcanzaba el conocimiento del destino dado por Emarsa al lodo producido en la Edar de Pinedo y, en consecuencia, si las declaraciones que han ido realizando tanto Cotino como Hernández eran fruto o no de la información dada por el gerente y jefe de Explotación sobre el verdadero destino de los lodos.

Sobre estas declaraciones, el PSPV aportó distinta documentación sobre las manifestaciones hechas por Hernández --exconsellera de Agricultura, Pesca y Alimentación durante el periodo 2007 a 2012 y quien ocupó la Presidencia de la Epsar--, cuando indicó que los 42 euros por tonelada que se pagaron --en Emarsa-- entre los años 2006 y 2010 eran inferiores a la media de 50 euros por tonelada que arrojaba el coste medio de tratamiento integral de lodos, y que la disparidad de precios obedecía a la "diversidad de depuradoras".

Esta misma consellera --según se recogía en el escrito socialista-- negó que se hubiera triplicado el pago de la Epsar a Emarsa, y afirmó que desde el año 2008 se pagaba 0,13 céntimos el metro cúbico, cuando media nacional era de 0,40 y de la Comunitat de 0,32.

Estas declaraciones, sostenidas por las defensas de Bernácer y de Morenilla, "contradicen" --mantenía el PSPV-- a la gran cantidad de diligencias practicas durante la instrucción del 'caso Emarsa': "tal y como se ha podido contrastar y concluir a través de las diligencias practicadas, se trata de un escenario absolutamente irreal", defendía.

Ello --indicaba la acusación-- lleva a considerar "necesario" investigar cuáles pueden ser las razones de que los responsables máximos de la conselleria "aún ahora sigan manteniendo que era correcto el precio de financiación abonado a Emarsa, a pesar de que como se ha dicho y queda recogido en diversas, clarificadoras y contundentes resoluciones judiciales dictadas por el juzgados, el escenario real existente en lo que al tratamiento de lodos se refiere, en modo alguno justificaba el precio de financiación de 42 euros/tonelada", mantuvo.

NUEVO INFORME A EPSAR

Por otro lado, en otra providencia, con fecha 4 de febrero, el juez requiere a la Epsar que emita un nuevo informe sobre distintos extremos, entre ellos, que indique las toneladas de lodos evacuadas cada año en cada depuradora que figuraba en su informe anterior; que aporte las memorias justificativas de costes que obren en su poder para el periodo comprendido entre los años 2005 y 2011; y que informe si el gerente de la Epsar tiene alguna participación en la revisión de estas memorias.