Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• Economía incumple con Unión Gremial el criterio que aplicó para excluir a Anged del Observatorio
• El 'problema valenciano' se cuela en Madrid
• A quién le sube y a quién le baja los impuestos Joan Ribó

VALENCIA. La ambiciosa propuesta de reestructuración de los institutos tecnológicos de la Comunitat Valenciana permanece en dique seco desde su presentación hace ya seis meses. Sólo cinco de los 14 centros actuales se han planteado seguir la propuesta, mientras que los otros nueve la han rechazado de plano, se han limitado a prometer su estudio o directamente la han ignorado.

La idea, planteada en el informe sobre estas entidades realizado por la consultora BDO por encargo de la Conselleria de Economía, aspiraba a la concentración de los institutos actuales en sólo cinco, reduciendo costes a base de aplicar economías de escala y mejorar su eficiencia.

Así, el instituto de Bienes de consumo quería integrar Aitex (textil) e Inescoop (calzado); Manufacturas avanzadas debería fusionar a Aiju (juguete), Itene (embalaje y embase), Aimme (metalmecánico), Aimplas (plástico), ITE (electricidad), ITI (informática) y Aido (óptica), formando estos tres últimos una división interna de fabricación avanzada; el del Hábitat debería concentrar a Aidima (mueble y madera), Aidico (construcción) y ITC (cerámica); y finalmente Alimentación, con Ainía (agroalimentación), y Salud, con el IBV (biomecánica).

MÁS ALLÁ DE LAS COMPETENCIAS

Sin embargo, los institutos tecnológicos no son entidades de la Generalitat, sino dependientes de las asociaciones patronales y sus consejos rectores, comandados por empresarios que responden ante sus asociaciones y no ante el Consell. Esta es la razón por la que la Administración autonómica no tiene capacidad para intervenir en ellas como lo hace en las empresas públicas.

De hecho, únicamente Aimme y Aimplas, por una parte; e ITE, ITI y Aido están valorando estrechar vínculos. Dos de los que integrarían el potencial instituto de Hábitat (Aidima e ITC) no rechazan la propuesta, pero tampoco avanzan significativamente en este sentido.

Del resto: ni están ni se les espera. Desde Aitex ya ha rechazado la propuesta, lo mismo que se ha hecho caso omiso desde Aidico (que decidió salirse de la Red de Institutos Tecnológicos, Redit, por problemas económicos), Inescoop, Aiju e Itene, mientras que Ainia e IBV, al no verse afectados por la reestructuración han seguido su marcha como hasta ahora.

LAS RAZONES DEL FRACASO 

Según distintos conocedores del proceso, el hecho de que sean los propios institutos quienes deban acometer su integración y desaparición dificulta el cambio. Por otra parte, entre las razones prácticas para oponerse a la unión que alegan sus responsables está el efecto que tendría en cuanto a pérdida de efectivos cualificados como resultado de unas reducciones de plantillas que provocaría.

Por otra parte, como ocurre en las fusiones patronales, no siempre los consejos rectores están dispuestos a abdicar o ceder su poder (y los cargos directivos e institucionales vinculados), aunque sea parcialmente, a otros empresarios.

En todo caso, fuentes empresariales también recuerda que, "cuando ha hecho falta", ha habido casos en el pasado tanto de integración como de supresión. Así ocurrió con los institutos de la cerámica (Aice) y el del diseño cerámico (Alicer) que se integraron hace unos diez años para formar el ITC; o la disolución acordada en Aitem, dedicado a la gestión empresarial y desaparecido a mediados de la pasada década.

LAS ARMAS DE LA GENERALITAT

En todo caso, la Generalitat ya preveía que debía estimular estas alianzas y, a la vez que presentó el informe de BDO, también aninció un programa de créditos blandos orientados a los institutos y las organizaciones que los sustentan para financiar los costes de la transformación.

Igualmente, advirtió que se iban a cambiar las condiciones de adjudicación de ayudas. En primer ligar deberían ser rentables por sí solos, se limitarían los recursos públicos al 50% de su presupuestos y se fijaría un tamaño y un número de miembros mínimos, además de obligar a que se dedique un 30% de la actividad a empresas de la Comunitat.

Fuentes conocedoras del proceso reconocen que la Generalitat ha preferido aplazar la aplicación ortodoxa de estas exigencias a cambio de saldar parte de la deuda que mantiene con estos centros, una de las claves de la negociación, y que han llevado a muchos de ellos a una situación próxima a la ruina.