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VALENCIA (EP). La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado el procesamiento de 10 personas, entre ellas de dos exdirectivos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Enrique Pérez Boada y José Manuel Uncio, por presunta prevaricación y otros delitos relacionados con la tramitación para la construcción y gestión de un hotel ubicado en la localidad valenciana de Jalance.

Así consta en un auto -de fecha 20 de enero-, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el tribunal desestima los recursos de apelación interpuestos por Pérez Boada, Uncio y el que fuera director del área de Inversiones Crediticias del IVF, Enrique Benede, en la causa que investiga la concesión de un préstamo, por parte del IVF y de una entidad bancaria, para construir un hotel en Jalance.

En total, en este procedimiento figuran como imputados Pérez Boada; Uncio; Enrique Benede; el exalcalde de Jalance, Ángel Abed Navarro Navarro; el expresidente del Consejo de Administración, Joaquín Boil, y el exconsejero delegado de la mercantil Hotel del Valle Jalance S.L., Pedro López; el administrador de la entidad, Joaquín Miguel Boil; y otras tres personas más.

Pérez Boada, Uncio y Benede recurrieron los autos de imputación por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, omisión del deber de perseguir delitos, malversación y encubrimiento, y alegaron que estos escritos judiciales carecían de motivación y que los delitos habían prescrito.

La Audiencia, tras estudiar los recursos, ha decidido desestimarlos al considerar que el auto impugnado contiene una motivación "adecuada y ajustada" al procedimiento, "sin que la ausencia de determinación expresa de un delito en dicha resolución impida que pueda ser objeto de acusación".

Asimismo, descarta la existencia de prescripción de los delitos ya que entre las fechas en las que se produjeron los hechos por los cuales se les acusa y la apertura de las diligencias judiciales de investigación de los delitos por los que se le imputa, no ha transcurrido el plazo de cinco años que se prevé en el Código Penal. Al no existir la posibilidad de recurrir el auto judicial de la Sala, los imputados tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados cuando la Audiencia señale para el enjuiciamiento de hechos.

HECHOS Y PENAS

Los hechos investigados están relacionados con la gestión y la concesión de un préstamo, por parte del IVF y de una entidad bancaria, para construir un hotel en Jalance. Al respecto, los querellantes, Asunción Boscá y José Rafael Martínez, exmiembros del consejo de la mercantil del hotel, alegaron que se habían producido irregularidades con la ejecución del préstamo. Como consecuencia, se tuvo que recurrir a la solicitud de expediente de suspensión de pagos, favoreciendo y acelerando la descapitalización e insolvencia de la mercantil.

De esta forma, se dejó de atender pagos a acreedores ordinarios y preferentes, incluidas deudas laborales, créditos con entidades financieras, obligaciones tributarias y de Seguridad Social, causando perjuicios concretos a los querellantes que vieron subastados bienes por importe de 21.350 euros, al ser avalistas de la sociedad.

Asimismo, se desatendieron las obligaciones fiscales, pagos de IVA, pagos fraccionados, Impuesto de Sociedades, y dejaron de presentar en los ejercicios 2001, 2002 y 2003 declaraciones fiscales y cuentas anuales ante el Registro Mercantil. El 13 de noviembre de 2003 llegó a presentar solicitud de quiebra voluntaria.

Para los dos exdirectores del IVF, la acusación particular --que representa a los querellantes-- solicita 15 años de cárcel y 12 de inhabilitación; mientras que para el ex director de inversiones de esta entidad pide dos años de cárcel y otros dos de inhabilitación. Por su parte, reclama para el exalcalde de Jalance la pena de 46 años y siete meses de cárcel, además de 12 años de inhabilitación para cargo público; y respecto a los miembros de la sociedad, pide desde un mínimo de 46 años y tres meses de cárcel, hasta 59 años y siete meses. Para los otros tres acusados en el procedimiento, que celebraron su boda en el hotel, reclama entre 10 y 12 años de prisión.