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VALENCIA (EP/VP). El Ayuntamiento de Valencia solicitará al Gobierno valenciano la revisión del decreto 113/2013, de 2 de agosto, que establece el régimen y las cuantías de los precios públicos en el ámbito de los servicio sociales, conocidos como copago. De este modo, el consistorio pretende que se garantice que esta norma se ajuste "a los criterios mínimos y comunes que establece el acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de 10 de julio de 2012, en las condiciones más favorables para las personas con discapacidad".

Esta petición de la revisión se ha aprobado por unanimidad -con los votos del PP, al frente del equipo municipal de gobierno, y de los tres grupos de la oposición PSPV, Compromís y Esquerra Unida (EU)- en el pleno ordinario del mes de enero, a partir de una moción alternativa planteada por la concejala de Bienestar Social, Ana Albert, a la moción presentada por el PSPV para reclamar a la Generalitat "la inmediata derogación" del citado decreto.

Asimismo, el consistorio valenciano ha acordado, como ha anunciado Albert al presentar la propuesta alternativa, que seguirá "prestando los mismos servicios en los centros ocupacionales municipales sin aportación económica alguna de los usuarios, manteniendo las actuales condiciones en los demás centros municipales destinados a las personas con discapacidad". La alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, ha intervenido en la sesión para indicar respecto al coste de estas prestaciones que "si se ha de cumplir la ley, la asumirá el Ayuntamiento".

El debate de la moción presentada por el PSPV ha estado precedido de la intervención de la madre de un joven con discapacidad usuario de un centro de atención a discapacitados que ha mostrado su rechazo al copago. Ha indicado que las familias pagaban "hasta ahora cantidades asumibles" y ha destacado que ahora son "cantidades que no se pueden asumir" por parte de la mayoría de usuarios.

La ciudadana ha advertido de que el "injusto" copago puede llevar a los discapacitados a abandonar los centros de atención por no poder asumir el coste que se les exige y permanecer en sus casa "a pesar de que la asistencia en los centros es imprescindible". Asimismo, ha demandado una "financiación estable" de los servicios "que forman parte de la red pública de atención a la discapacidad".

"INDEFENSIÓN"

La mujer ha estimado "necesario" el "compromiso del Gobierno valenciano" para la "continuidad y calidad" de esta prestación "con cantidades asumibles por el usuario", del que ha resaltado su "situación de indefensión". A su vez, ha pedido la intervención de Barberá para lograr "la paralización del copago".

Por su parte, el PSPV planteaba con su moción solicitar al Consell "la inmediata derogación" del decreto que establece esta aportación y "dar respaldo a las peticiones del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (Cermi Cv). La concejal socialista Anaïs Menguzzato, que ha defendido esta propuesta, ha estimado que "el copago, o repago, supone una losa para los discapacitados y dependientes".

Menguzzato ha lamentado que con ello el PP esté "ahogando a las familias y permitiendo que por primera vez en 31 años se vaya hacia atrás en los derechos" logrados y ha pedido al gobierno local que se ponga al lado de los que lo rechazan. Así, ha reclamado a Barberá que pida al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "la derogación de este decreto inhumano que está expulsando a las personas de los centros".

La concejala de EU Rosa Albert ha señalado durante el debate que la intervención de la madre del joven discapacitado "ha resumido la situación intolerable" que vive este colectivo por la exigencia del copago y ha rechazado, "gobierne quien gobierne, recortar a colectivos que parte de una situación de desigualdad". Albert ha pedido al consistorio instar a "reflexionar sobre esto".

Por otro lado, la edil de Compromís Consol Castillo ha considerado que los discapacitados son "víctimas de políticas injustas que ahora les vuelven a golpear" y ha estimado "insostenible la situación de los usuarios" de los centros de atención "por decisiones que han implicado la desaparición de derechos que han tardado años en conseguirse".

"DEMAGOGIA ABSOLUTA"

En respuesta a la oposición, la concejala de Bienestar Social, ha rechazado el "ejercicio de demagogia absoluta" de Menguzzato, ha acusado a los socialistas de ser "los inventores del copago" y ha censurado que ahora se presenten como "abanderados del rechazo del copago". Igualmente, ha censurado la "insostenible" Ley de Dependencia que aprobó el Gobierno socialista "para lucimiento político", "sin presupuesto y dando la responsabilidad a las autonomías".

Ana Albert ha destacado que se están manteniendo "conversaciones con colectivos y con el Cermi para lograr el máximo consenso" sobre este asunto y ha subrayado que "en eso está el Ayuntamiento". Tras ello, la edil ha planteado la alternativa que finalmente ha salido adelante en el pleno.